Escándalo judicial en San Isidro: acusado de armar causas y robar cocaína, horas decisivas para el fiscal Scapolan en el jury

Este jueves el jurado de enjuiciamiento bonaerense podría aceptar la acusación del Procurador e iniciar el trámite para su destitución o absolución. Las presiones políticas en un caso caliente de corrupción.

Originalmente la cita era para el martes 20 de diciembre, pero los festejos por la victoria en el Mundial de Qatar -incluido el feriado decretado por el Gobierno Nacional- obligaron a aplazar todo un poco más.

Ahora, si no ocurre ningún imprevisto (y este caso esta lleno de ellos) este jueves a las 11 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires decidirá si comienza el proceso de jury contra el fiscal de San Isidro Claudio Scapolan (51), denunciado por graves hechos de corrupción.

Será un momento clave para alguien que fue un peso pesado en el Departamento Judicial de una de las zonas más ricas y poderosas del Conurbano. Scapolan era un hombre de confianza del fiscal general Julio Novo, quien tiene sus propios problemas con la Justicia, pero en 2015 sonó como Ministro de Justicia si Sergio Massa llegaba a la presidencia.

El Jurado de enjuiciamiento -presidido por la jueza Ana María Bourimborde- decidirá este jueves si acepta la acusación contra Scapolan realizada por el Procurador de la Corte Bonaerense Julio Conte Grand.

No es un paso más. Si el jurado la acepta, Scapolan quedará automáticamente suspendido y con un embargo de un 40 por ciento de su sueldo. Pero lo que es más importante: ya no podrá renunciar a su puesto para detener su posible destitución.

Si la acusación es aceptada, comenzará una especie de juicio oral contra el fiscal que podrá terminar en su absolución o en su remoción del cargo, con la consiguiente perdida de sus fueros. Por lo pronto Scapolan estuvo de licencia hasta mayo pasado cuando por mayoría (9 votos contra 2) el Jurado de Enjuiciamiento lo «apartó preventivamente» de sus funciones.

Desde que comenzó el proceso en su contra, en plena pandemia de COVID, 32 personas -entre narcos abogados y policias- fueron procesados y actualmente esperan que el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Isidro fije fecha de juicio oral y público.

La suerte de Scapolan fue zigzagueante y hoy parece más complicado por el jury que por la causa penal que impulsa el fiscal federal Fernando Domínguez y que tuvo como instructora a Sandra Arroyo Salgado, hasta su apartamiento por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

El proceso

Scapolan fue procesado como jefe de una banda de abogados y policías que armaba causas, extorsionaba a narcos y robaba cocaína de los procedimientos. Pero su defensa apeló y en junio pasado la Sala I de la Cámara Federal de San Martín dio vuelta todo y sólo confirmó una minúscula parte de lo resuelto por la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas confirmaron el cargo de «falsedad de instrumento público» en el caso Anacona. En otras palabras, dijeron que para ellos es cierto que Scapolan sabía que el operativo antinarco «Leones Blancos» (2013, «Anacona» es el nombre de la causa) no había empezado y desarrollado como decía la Policía, y aún así lo convalidó.

Pero para la Sala I no está probado que participara de las maniobras en las que se sospecha que, de la tonelada que se había secuestrado, policías bonaerenses se quedaron con la mitad para venderla en la Costa Atlántica.

El fallo fue una gran noticia para Scapolan, quien en los últimos meses había sufrido cierto movimiento peligroso en el trámite de su jury, que había estado parado desde 2016.

En el fallo, la Cámara lo vinculó (aunque muy tibiamente) con el caso «Leones Blancos», pero le dictó falta de mérito en la acusación más grave: jefe de una asociación ilícita. Y sostuvo que no había pruebas suficientes que lo incriminaran en dos casos (Bustamante y Santellán) por los que ya fueron procesados muchos policías y él también había llegado a Cámara en la misma condición.

Sólo en las ultimas horas «Leones Blancos» volvió a ser un problema para Scapolan: en uno de sus últimos fallos del año la Corte Suprema de la Nación no hizo lugar a un pedido suyo de que se declarara nulo el testimonio de un arrepentido, clave en la acusación.

40 kilos de cocaína de coima

Ocurrió en el año 2014 y tuvo como origen un supuesto llamado anónimo recibido el 10 de febrero en Delegación San Isidro de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El llamado -que en realidad era inexistente- señalaba como narco a un tal «Pirulo», que resultó ser Carlos Alberto Bustamante. Meses después, un segundo «llamado» anónimo dio pie a intervenciones telefónicas y amplió el número de investigados.

El juez de primera instancia ordenó -por pedido del fiscal Scapolan- el allanamiento de siete lugares. En algunos de ellos se encontró droga. Es más, en una casaquinta habitada por Mariana Molina y su pareja, Israel Gastón Aquino, se encontró una cocina de cocaína. Sin embargo, ninguno fue detenido. La razón: el padre de la mujer pagó una coima para que ella y su yerno no quedaran involucrados.

Todo esto salió a la luz en el juicio oral contra Bustamante y el resto de los detenidos del caso. Terminaron todos absueltos y el tribunal tuvo duras palabras para con Scapolan. Ese fallo fue confirmado por la Corte.

Arrepentidos hablaron de una coima de 40 kilos de cocaína y dinero. En esta causa, como en otras, actuó el informante («buchón») Víctor Hugo Gutiérrez (alias «Primo»), un civil al que disfrazaban de policía, participaba de los operativos, plantaba droga, revendía la secuestrada y está actualmente prófugo.

«Santellán», un video y un pariente narco

El objetivo de esta causa armada -en junio de 2014- fue Sergio Leandro Santellán, quien estaba lejos de ser un cualquiera: su esposa era Sofía Andrada, hija del capo narco Claudio Andrada (conocido como «Piturro» o «Gallo»). Para cuando los policías fueron por Santellán, «Piturro» ya estaba preso. Arroyo Salgado lo había detenido con media tonelada de cocaína en 2013.

Scapolan pidió quince allanamientos a diversos domicilios, entre los que se incluía el de Santellán, el de su ex pareja (y madre de sus hijos) y el de un estacionamiento de autos.

Todos los domicilios eran en José León Suárez, pero el allanamiento del garaje resultó un boomerang para el fiscal y su equipo de policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas: quedaron filmados en actitudes más que sospechosas.

Santellán denunció que «al ingresar el personal policial a su vivienda, una persona vestida de civil, que fuera sindicada por el arrepentido Cabral como ‘el informante’, de nombre José Víctor Gutiérrez, le exigió junto al subcomisario Caviglia y al sargento Cabré la suma de treinta mil dólares estadounidenses bajo amenaza de ‘reventar’ el domicilio de su ex pareja y el de Sofía Andrada, pareja de aquel momento de Santellán».

Todas acusaciones muy graves que la Cámara relativizó, Pero la cuestión está aún abierta porque una apelación, presentada por los querellantes- todavía está pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Virginia Messi para Clarín


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