Coparticipación: aun sin llamado a extraordinarias, el Presidente le pasó el conflicto a un Congreso desierto

El Presidente afirmó que enviaría un proyecto para modificar el Presupuesto 2023. El Gobierno también analiza una suba de impuestos. Ni en el oficialismo ni en la oposición hay optimismo sobre las posibilidades de sesionar en febrero.

Entre idas y vueltas, marcha atrás y anuncios varios, Alberto Fernández decidió sumar al Congreso a la pelea con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. Mientras el ministerio de Economía estudia la creación de un nuevo impuesto, el Presidente confirmó que enviaría una ley que modifique el Presupuesto 2023, para que tenga en cuenta la transferencia de recursos. Afirmó que lo tratará en sesiones extraordinarias, aunque no está definida la fecha. En Diputados, donde iniciaría el debate, reina la incertidumbre.

En plena guerra entre oficialismo y oposición, el 2022 no está terminando de la mejor forma en el parlamento. La semana pasada, la oposición unida rechazó el temario oficialista, se negó a bajar al recinto y se cayó la última sesión del año en Diputados.

Este martes, la UCR presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández y agravó el clima de tensión. En el Senado, entre ausencias de legisladores que viajaron a Qatar y los feriados, ni siquiera se llegó a convocar a un último debate.

Luego de anunciar que no acataría el fallo de la Corte Suprema por considerarlo de “imposible cumplimiento”, Alberto Fernández dio un giro, anunció finalmente que le pagará al Gobierno de la Ciudad lo que le indicó el máximo tribunal, pero que lo hará a través de bonos. La administración porteña que encabeza Horacio Rodríguez Larreta rechazó la decisión.

Por otra parte, la pelea en la Justicia tendría una resolución recién en febrero, luego de que pase el receso judicial de enero: la Corte Suprema podría terminar prohibiendo al Gobierno nacional a pagar en bonos.

Diputados de Juntos por el Cambio en conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos. (Foto NA: DANIEL VIDES)
Diputados de Juntos por el Cambio en conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos. (Foto NA: DANIEL VIDES)

“Debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”, dijo el Presidente en Twitter.

El mandatario agregó: “He instruido al MECON para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial″.

“No hay nadie en el Congreso esta semana, pasillos desiertosTampoco hay conversaciones con el Frente de Todos, por ende no hay rumores ni información”, explicaban en Juntos por el Cambio tras el anuncio presidencial. Mismo panorama trasmitían en la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Cecilia Moreau.

Tanto en los bloques opositores como en el FdT preveían que el presidente Alberto Fernández convoque a sesiones extraordinarias para febrero, pero no había hasta hoy confirmación oficial. En el periodo de extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que define el temario: el último llamado terminó en un fracaso y no se trató ninguna norma. Considerando el clima de tensión, nadie preveía en el Congreso que eso pudiera cambiar en esta oportunidad.

El Gobierno analiza enviar al Congreso nuevos impuestos

En paralelo, el Gobierno estudia la posibilidad de enviar un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto o elevar uno ya existente, con el argumento de recaudar eventualmente los recursos necesarios para el giro de recursos a CABA.

Ricardo Casal, secretario Legal y Técnico del ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa, y el vicejefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Olmos, hombre de confianza de Alberto Fernández, trabajarían por estas horas en una suba del impuesto al juego. Por ahora, no hay nada cerrado.

Sergio Massa en su llegada al Congreso 
previo a la sesión de la cámara 
de Diputados donde oficializó su renuncia.
(Foto NA: JUAN VARGAS)
Sergio Massa en su llegada al Congreso previo a la sesión de la cámara de Diputados donde oficializó su renuncia. (Foto NA: JUAN VARGAS)

Juntos por el Cambio prometió, como coalición, no votar el aumento ni la creación de nuevos impuestos en el Congreso. Sin proyecto definido, en el interbloque opositor indicaron que ni siquiera lo analizan como posibilidad.

“Uno se toma demasiado en serio las cosas que esta gente anuncia y después terminan en un bluff. Antes del fin de semana, el Presidente anunció que el fallo era de cumplimiento imposible y no iban a pagar, y dos días después inventan este bono medio trucho. Con esto lo mismo, no sabemos lo que quieren hacer, no hay nada claro”, dijo a TN una de las máximas autoridades del bloque del PRO, con desconfianza.

El argumento del Presidente sobre el Presupuesto podría complicar otros proyectos

Por otra parte, el argumento de Alberto Fernández (que el fallo de la Corte Suprema supondría una transferencia de recursos a la Ciudad de Buenos Aires que no está incluida en el Presupuesto 2023 votado por el Congreso) complica las posibilidades de otro proyecto que el oficialismo busca sancionar en Diputados: la moratoria previsional.

En la última sesión fallida, el Frente de Todos incluyó la iniciativa que le permitiría jubilarse a 800.000 personas que hoy no cumplen con los años de aporte. Pero el oficialismo no solo no consiguió el apoyo de JxC, sino tampoco del Interbloque Federal que integran 8 diputados del peronismo y el socialismo, clave para alcanzar el quorum en las sesiones.

El pedido del jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, al presidente Alberto Fernández (Foto: Twitter/@Topoarg).
El pedido del jefe del interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, al presidente Alberto Fernández (Foto: Twitter/@Topoarg).

“Si el Presidente envía al Congreso un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2023, entre esos cambios debería incluir los que le permitan cumplir con la Moratoria Previsional que promueve el oficialismo. Ya lo pedimos hace casi un mes, pero ni bola”, dijo Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe del interbloque. La medida tendría un costo fiscal de medio punto del PBI al segundo año de implementación.

Respecto a las posibilidades de sesionar en febrero, considerando la tensión reinante en el Congreso, Rodríguez agregó: “Sigue sin haber obstáculos objetivos para sesionar, más que el enfrentamiento entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Corresponde que el Ejecutivo defina el temario, pero es prematuro analizar proyectos que no han sido ni siquiera presentados”.

Fuente: Sebastián Aulicino para TN


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