Denuncian operaciones de inteligencia ilegal sobre opositores y militares y apuntan a la AFI

Legisladores de Juntos por el Cambio denunciaron, en un cuestionario en enviado al presidente de la comisión bicameral de Inteligencia, el cristinista Leopoldo Moreau, que dentro de la AFI funcionaría “una mesa militar” con presencia de asesores del general César Milani y un enlace con empresas telefónicas que estaría prohibido por ley que podría servir para escuchas ilegales.

Y preguntaron si espías del organismo realizaron operaciones en los últimos 90 días desde Misiones desde donde se habría hackeado el celular del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

En la nota que deberá responder el interventor de la AFI, Agustín Rossi, preguntan si “funciona un área que tiene como finalidad la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados, y en qué fecha fue creada”. Clarín consultó al vocero de Rossi sobre este pedido de informes y hasta el cierre de esta nota aún no había contestado.

Además, consultan si detectó recientemente “algún tipo de Operación SIM-SWAP creando una sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario”, como la que sufrió D’Alessandro.

La nota dice que por ley “la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia tiene facultad para investigar de oficio situaciones de inteligencia ilegal”. Pero que antes necesitan que Rossi responda una serie de preguntas.

Las preguntas amplían sospechas de la oposición, en general, sobre operaciones de inteligencia ilegal lanzadas desde el equipo informal que maneja la vicepresidenta Cristina Kirchner y, en particular, por el ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, aunque en el texto no se lo nombre.

El pedido de informes está firmado por los representantes de Juntos por el Cambio en esa comisión bicameral: los diputados Cristian Ritondo, Miguel Ángel Bazze y los senadores Ignacio Agustín Torres, Daniel Ricardo Kroneberger y Alfredo Cornejo.

El documento, al que accedió Clarín en fuentes parlamentarias, pregunta más adelante si “la denominación “Mesa Militar” para el sector que vigilaría a militares retirados es “correcta, o en caso negativo cual es la denominación de esa área”.

Además, solicita que se le “informe si dentro de dicha área se desempeña orgánica o inorgánicamente personal militar en actividad o retiro y, en particular, “qué función orgánica o inorgánica cumple el Coronel Art° 62 Marcelo Granitto”. Granitto es la mano derecha del ex jefe del Ejército y ex director de Inteligencia de la fuerza, general César Milani.

En junio de 2015, Milani nombró a Granitto coronel mayor, a pesar de que Rossi no quería ascenderlo por sospechas sobre algún rol oscuro en el ataque al regimiento de infantería de La Tablada de 1989 por parte del Movimiento Todos por la Patria del ex jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo. Y ese ascenso fue uno de los motivos por los cuales no ascendieron a Milani a teniente general y luego lo echaron.

En particular, la nota pregunta que función orgánica o inorgánica cumple el ex empleado de inteligencia de las Fuerzas Armadas (PCI, en la jerga militar) con un apellido de origen españo. Seguidamente, quiere saber si el General (Re) César Santos del Sagrado Corazón de Jesús Milani cumple funciones como colaborador o inorgánico de la AFI.

Cuando Rossi reemplazó a Cristina Caamaño como interventor de la AFI en junio pasado negó que Milani, un hombre de confianza de la ex presidenta, pasaría a trabajar en el organismo de inteligencia.

Otras de las preguntas se dirige a pregunto dentro de la AFI que área dirige “Roberto Adrián Román, ex Director Nacional de Inteligencia Estratégica Militar en la gestión del actual Director de la AFI en el Ministerio de Defensa y qué relación tiene” con la supuesta “mesa militar”.

Después pregunta a Rossi que indique qué “operaciones se han ejecutado (desde la AFI), las que se encuentran en ejecución y las que se planifican en adelante”. Seguramente, esta pregunta debería darse en una sesión secreta de la comisión bicameral de Inteligencia que el kirchnerismo usó como ariete para hacer denuncias de supuesto espionaje ilegal contra el macrismo.

En particular, los legisladores quieren saber qué “nivel de asignación presupuestaria se le ha otorgado a dicha área y a cada una de las Operaciones ejecutadas o en ejecución”, en alusión la que manejaría Román.

Los legisladores de la oposición quieren saber si la “mesa militar” u otra área de la AFI “cumple la función de enlace entre la AFI y las áreas de Defraudaciones y Estafas u otras de las empresas, Movistar, Personal y Claro con la finalidad de obtener datos relacionados con clientes de dichas empresas”.

Este es un punto caliente porque Cristina Kirchner tras el crimen del ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, le cambió el nombre a la ex SIDE (le puso AFI) y le sacó a la AFI la oficina de intervenciones telefónicas (conocida como OJOTA) y se la dio a la ex Procuradora General de la Nación y fundadora de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó.

Sin embargo, el ex presidente Mauricio Macri -tras asumir en el 2015- se la quitó a Gils Carbó y la puso bajo el control de la Corte Suprema de Justicia. Ahora se llama Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y es la única autorizada por ley para interferir comunicaciones privadas con una orden judicial.

En relación esa oficina de enlace, los legisladores consultaron “si existe alguna orden judicial que habilite la solicitud de esta información (a las empresas telefónicas). De ser así, indique el Magistrado interviniente y Causa Judicial que la fundamenta”.

Más adelante, pregunta si “la AFI ha detectado algún tipo de Operación SIM-SWAP creando una sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario”. La AFI tiene aparatos de “guerra electrónica” como para detectar algún de estas operaciones de inteligencia ilegal.

Y cómo se presume que quienes hackearon a D’Alessandro, a jueces y periodistas hace unas semanas operaron desde Misiones, preguntaron si “personal de la Agencia Federal de Inteligencia ha operado en terreno en la localidad de El Dorado, Provincia de Misiones, en los últimos 90 días”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron que se “acompañe con documentación respaldatoria todos los informes requeridos”.

El pedido de informes se conoce días después de que el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro fuera víctima de esa tipo de hackeo y el kirchnerismo, con Tailhade a la cabeza, armó una campaña mediática y dijo que presentará denuncias penales. Sin embargo, es difícil que un juez o fiscal acepte investigar un caso en base a un intercepción telefónica ilegal.

La primera filtración de chats de D’Alessandro se conoció después de que el 6 de diciembre el tribunal oral federal 2 condenara a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. Y la segunda, el viernes a poco de que la Corte sacara una cautelar que ordena al gobierno nacional restituir parte de los impuestos por coparticipación federal que le quitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en diciembre de 2020.

D’Alessandro denunció ante la Justicia el hackeo de su celular y apuntó contra Tailhade quien había anunciado unos días antes que había más chats del ministro. La segunda filtración fue publicada el viernes en forma coordinada por medios K. Tailhade, premiado por Cristina como representante del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura, fue también uno de los operadores del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.

El pedido de informes revela las sospechas de los legisladores y demuestra presencia de militares en organismos de inteligencia civil que no es usual desde que se restauró la democracia en 1983. El periodista de la Nación Joaquín Morales Sola adelantó la punta de este informe.

La ex presidenta tiene una denuncia por espionaje ilegal en el juzgado del Marcelo Martínez de Giorgi que se abrió a fines de 2015 cuando el ex juez Claudio Bonadio allanó su casa.

Martínez de Giorgi tiene la causa por espionaje ilegal contra la ex presidenta por los seis dossier secretos y desgrabaciones de conversaciones telefónicas de empresarios, políticos, espías y periodistas descubiertos en su casa de El Calafate.

Son informes sobre Stiuso; el ex titular de la SIDE, Miguel Ángel Toma; el empresario José Luis Manzano y el ex ministro del Interior Carlos Corach, entre otros.

La carpeta de Stiuso está titulado “House to House” y contiene vinculaciones empresarias del ex espía y 15 páginas sobre el misterioso asesinato de su lugarteniente, “El Lauchón” Viale, en manos de la Policía Bonaerense.

La carpeta Toma contiene un informe personal y patrimonial y 19 páginas con transcripciones de comunicaciones telefónicas del ex diputado hechas entre marzo y julio de 2012 interceptadas en forma ilegal. El dossier sobre el ex presidente de YPF-Repsol, Antonio Brufau, contiene el debate en el directorio de la empresa por la reestatización de YPF.

También aparece una carpeta con antecedentes personales y patrimoniales de la viuda de Nisman y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, y del propio juez Claudio Bonadio quien ordenó el allanamiento en la casa de El Calafate. Otro dossier incluye dos informes sobre obras realizadas por Macri cuando fue presidente de Boca Juniors y estaba por saltar a la política para ser elegido jefe de gobierno porteño.

Por otra parte, en una escucha legal de la causa por el supuesto encubrimiento del financista de la efedrina Ibar Pérez Corradi se escucha a Cristina gritarle “pelotudo” al ex titular de la AFI y actual senador Oscar Parrilli. Pero lo más grave fue que ordenó, en esa charla de 2016, “salir a apretar a los jueces” para que procesen al ex director de Contrainteligencia de la SIDE y amigo de Nisman, Antonio Stiuso.

En esa conversación, Cristina le dice a Parrilli que Milani ya estaba operando contra Stiuso, incrementado las sospechas sobre el aparato de inteligencia paralelo que manejaría, según la oposición.

Fuente: Daniel Santoro para Clarín


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