Human Rights Watch cuestionó el juicio político del Gobierno a la Corte Suprema: «Es un grave ataque a las instituciones»

Lo dijo Tamara Taraciuk, directora para las Américas, tras el informe de la organización que alertó sobre la ofensiva oficial contra la Justicia y la libertad de expresión.

La organización global de derechos humanos Human Rights Watch difundió este jueves su informe anual en el que encendió la alarma sobre abusos en América latina. En el capítulo sobre Argentina alertó sobre la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia y la libertad de expresión, entre otros señalamientos. En una entrevista con Clarín, Tamara Taraciuk, directora en funciones del organismo para las Américas, dijo que les preocupa “enormemente” las «medidas y la retórica hostil” de las autoridades argentinas contra el Poder judicial y que el pedido de juicio político a la Corte es “un muy grave ataque a las instituciones democráticas” y «un atropello al estado de derecho».

También señaló que la política exterior de Argentina en materia de derechos humanos es “errática” y dijo que los lineamientos de Cancillería “dejan mucho que desear”. Destacó, además, que el panorama de abusos en América latina es “de los peores que se han visto en años”.

─¿Cómo evalúan la situación de los derechos humanos en la Argentina?

─Existe una crisis política que ha sido potenciada por las dificultades económicas, por la polarización y en este contexto es difícil trabajar en políticas que mejoren los derechos humanos. Una de las preocupaciones centrales que tenemos tiene que ver con las medidas y la retórica hostil por parte de altas autoridades que menoscaban la independencia judicial y la independencia del ministerio público. También resaltamos en el informe que la crisis económica que se profundizó en los últimos tiempos, en particular en el marco de la pandemia, afecta a la gente más pobre y eso hace que sea difícil para millones de argentinos poder ejercer sus derechos económicos y sociales, sobre todo cuando vemos las cifras de pobreza que son altas y las enormes necesidades que enfrentan los que están en situación de indigencia.

─En el informe también alertan sobre amenazas a la libertad de expresión.

─La retórica hostil no se limita a la Justicia sino también, inclusive desde el presidente Fernández, ha sido dirigida a periodistas y medios independientes. En el informe mencionamos el caso de noviembre de 2021, cuando se arrojaron explosivos a la oficina del grupo Clarín y que aún no ha habido determinación de los responsables. Y también seguimos mencionando problemas crónicos de derechos humanos en el país como las condiciones en centros de detención y abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. También la lentitud en avances en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura; la impunidad contra el atentado a la AMIA; las dificultades, a pesar de la aprobación de la ley que legalizó el aborto, para muchas mujeres en la practica de acceder a un aborto en el país y también los obstáculos que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a sus derechos.Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. En una entrevista con Clarín, fue muy crítica del ataque del Gobierno a la Corte.Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. En una entrevista con Clarín, fue muy crítica del ataque del Gobierno a la Corte.

─¿Cómo evalúan la política exterior argentina en materia de derechos humanos?

─Otro punto es la política exterior errática en materia de derechos humanos del Gobierno, que es particularmente llamativa dado que Argentina tuvo la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022. En Ginebra, las votaciones en general se dieron de una manera más favorable para el escrutinio general de derechos humanos, pero desde la Cancillería los lineamientos de política exterior en materia de derechos humanos dejan mucho que desear.

─¿Cómo analizan el enfrentamiento del Gobierno con la Corte y la decisión de iniciar un juicio político a los jueces?

─Nos preocupa enormemente la retórica hostil que se ha dado en el último tiempo por parte de altas autoridades, desde el presidente, la vicepresidenta y otros funcionarios del gobierno, en contra del sistema judicial, incluyendo a tribunales inferiores y la Corte Suprema, y el anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte. Creo que hay que verlo en conjunto con las declaraciones iniciales de que no se iba a acatar el fallo sobre coparticipación: es un muy grave ataque a la división de poderes. Cuando a un gobernante de turno no le gusta una sentencia o le incomoda una decisión judicial la respuesta tiene que ir por la vía de la institucionalidad y se tiene que recurrir judicialmente. En este caso en particular, encontrar una manera de implementar la sentencia. Pero no puede ser que la respuesta sea ir en contra de una decisión judicial que incomoda al poder de turno: resulta particularmente grave para el estado de derecho que desde las más altas esferas del poder se intente hacer pasar como habitual que los gobernantes puedan querer o intentar destituir a jueces simplemente porque les incomoda o disgusta el contenido de las sentencias. El otro tema que tiene que ver con la institucionalidad y el estado de derecho es que hay mucha polarización en Argentina y desde todas fuerzas políticas se ha sido incapaz de lograr consensos mínimos que hacen falta para poder nombrar un Defensor del pueblo, un procurador general, un quinto magistrado de la corte hace años. Todas estas son instituciones esenciales que pueden jugar un papel clave protegiendo derechos fundamentales en argentina y el hecho de no poder generar esos consensos esta erosionando el estado de derecho en el país.

El Gobierno rechazó el informe de Human Rights Watch. El secretario de derechos humanos Horacio Pietragalla dijo que hay «inconsistencias» en el reporte, que «falta de información suficiente» y que tiene una «mirada parcial». ¿Qué responde?

​Me sorprenden las declaraciones del secretario Pietragalla. Con una simple búsqueda online podría haber sabido que HRW ha cuestionado en reiteradas oportunidades los embates a la independencia judicial en países de distintas ideologías y por distintos gobiernos argentinos. Por ejemplo, hemos expresado críticas serias en contra del gobierno de Mauricio Macri por la designación de jueces por decreto y la embestida contra el juez Ramos Padilla. También hemos cuestionado decisiones judiciales en contra de Milagro Sala o de la propia ex presidenta Cristina Kirchner y el excanciller Héctor Timerman por el Memorándum con Irán. Por supuesto que el juicio político es un mecanismo constitucional, pero cuando se anuncia de esta manera, luego de que el Gobierno exprese desacuerdo con decisiones judiciales y haya inicialmente dicho que no acataría un fallo del máximo tribunal, se trata de un atropello contra el Estado de derecho y un intento evidente por intimidar a la Corte.

─¿Cómo calificarían al reciente asalto al Congreso, la Casa de Gobierno y la Corte en Brasil?

─Lo que ocurrió en Brasil fue gravísimo. Todo esto se da en un contexto de comentarios de Bolsonaro durante su presidencia atacando a las instituciones democráticas, el sistema electoral, el poder judicial. Sus declaraciones públicas previas definitivamente crearon un contexto que facilitaron que este tipo de incidentes ocurrieran por lo cual la justicia brasileña deberá determinar su responsabilidad penal. Pero no hay duda de que tiene responsabilidad política y los actos que vimos sin ninguna duda son un ataque totalmente inaceptable contra las instituciones democráticas de Brasil. Ahora el desafío para las instituciones en Brasil es poder procesar a los más de 1.500 detenidos con el debido proceso para que exista rendición de cuentas. Porque la realidad es que la justicia y la rendición de cuentas es el mejor antídoto ante la autocracia.

─¿Cree que este tipo de incidentes pude extenderse a otros países? ¿Podría pasar en Argentina?

─El contexto de ataque a las instituciones democráticas no es nuevo. Lo vimos en el incidente de la toma de Congreso de EE.UU., con Keiko Fujimori en Perú. La realidad es que, si hay alguna buena noticia en todo este contexto de ataques a las instituciones es que en algunos países ha habido alguna resiliencia de la democracia porque, a pesar de todo lo que hizo Bolsonaro en Brasil, allí hubo elecciones, la gente salió a votar, se reconocieron los resultados. Lo mismo en Colombia a pesar de que había un riesgo de no reconocer los resultados cuando ganó Petro. Y en Argentina, hasta la fecha, no ha habido evidencias de que se llegue a ese nivel como hemos visto en Brasil la semana la semana pasada. Lo que creo que es clave es agarrar los problemas a tiempo. Para no llegar a una situación así es importantísimo respaldar a las instituciones que tienen un papel respecto a la democracia, que no son solo las electorales sino también el poder judicial, la prensa independiente, la sociedad civil, que tienen como trabajo poner un freno a los abusos de poder. De eso se trata la democracia.Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. En una entrevista con Clarín, fue muy crítica del ataque del Gobierno a la Corte.Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. En una entrevista con Clarín, fue muy crítica del ataque del Gobierno a la Corte.

─¿Qué otros focos graves de violaciones a los derechos humanos denuncian en la región?

─Es muy difícil hacer un ranking de gravedad. Desgraciadamente, tenemos un enorme menú de problemas en América latina. El panorama regional es de los peores que hemos visto en años, si tomamos en cuenta la combinación de niveles de carencias sociales y ataques a las instituciones democráticas elementales. Mencionaría por supuesto la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son dictaduras y que el hecho de que no haya decenas de muertos en las calles no significa que la situación esté mejor. Y posiblemente el ejemplo más burdo de esto ha sido el ataque frontal del régimen de Nicaragua en contra de miembros de la iglesia católica. En Colombia existe un clima de violencia creciente, generado por grupos armados y solo el año pasado hubo 81 masacres. En México, los niveles de violencia son realmente exorbitantes. El índice de homicidios es de 28 cada 100.000 habitantes, hay más de 90.000 personas reportadas como desaparecidas desde 2006, esto incluye casi 40.000 durante el sexenio de López Obrador. Y el pasado fue un año récord de asesinato de periodistas, con 16 víctimas. Todo esto ocurre con absoluta impunidad. En El Salvador, el presidente Bukele desmanteló las instituciones democráticas y esto dio pie a violaciones generalizadas de derechos humanos. Los números son escalofriantes. Haití es un caos: las pandillas han sido sido responsables de asesinatos, secuestros, violencia de genero. No existe ni un funcionario electo en ese país.

─¿Qué se reclama a los líderes de continente para salir de esta situación preocupante?

─Nuestro pedido a los líderes democráticos de la región es que muestren que la democracia puede responder a las necesidades de la población en salud, educación, seguridad y que eso no es incompatible con fortalecer el estado de derecho. Porque lo que estamos viendo es que la falta de respuesta eficaz para responder a la corrupción, a la violencia o a la pobreza ha sido una excusa que los políticos de todas las ideologías están usando para prometer soluciones que pueden parecer sencillas pero que son también abusivas. Pero no necesitan ser abusivas para ser efectivas.

Fuente: Clarín Por Claudia Lugones, Washington. Corresponsal.


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