Computadoras saturadas que no permiten ver una pericia, escaso personal y condiciones edilicias inadecuadas. En tal situación, la Justicia federal libra la pelea contra el crimen organizado y la violencia que azota a Rosario, según consignan los propios magistrados

Computadoras saturadas. Personal escaso. Condiciones edilicias inadecuadas. Tales son las condiciones en las que las y los fiscales federales dan una pelea desigual contra el narcotráfico en Rosario.  E incluso son víctimas, ellas y ellos mismos, de las balaceras que investigan como delitos relacionados al flagelo de las drogas en esa ciudad y otras partes de la provincia de Santa Fe.

El desafío que vive Rosario a raíz del crimen organizado no es un fenómeno nuevo, como tampoco lo son las balaceras como la que se descargó contra el supermercado del suegro de Lionel Messi. En tal sentido, los anuncios del Presidente Alberto Fernández de enviar más gendarmes y hasta al Ejército  así como las arengas de militarización de la oposición poco parecen atender las necesidades de un sistema judicial que lidia con seria falencias estructurales y procesales para hacer frente a estos crímenes.

«El crimen organizado no se desarrolla de un día para otro. Requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en las Fuerzas de Seguridad, en la Justicia y también en la política. Eso es lo que les garantiza su desarrollo, expansión y fundamentalmente su impunidad», argumentó el Presidente en un mensaje grabado. 

En respuesta, ordenó el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario, a quienes hoy pondrá en servicio el ministro Aníbal Fernández. Y un contingente de la Compañía de Ingenieros del Ejército se ocupará de acelerar las obras de urbanización de barrios populares, tal como viene realizando, desde la pandemia, en otros puntos del país. Solo que esta vez le tocará operar en un territorio caliente, si es que se lo despliega en las zonas los narcos disputan su influencia para recuperar la presencia del Estado.

Quizás la medida que mejor se aproxime a las necesidades de un sistema federal de Justicia desbordado sea el de la apertura de una nueva sede regional de la Unidad de Información Financiera para perseguir la ruta del dinero que financia y lava las ganancias del narcotráfico. Eso no subsana otras cuestiones de tipo estructural que jaquean el accionar pleno de la Justicia y en donde Rosario no es la excepción. 

De eso se debatirá en un plenario de comisiones de Diputados también hoy, con el consenso de oficialismo y oposición, en torno a un proyecto de fortalecimiento de la Justicia federal en Santa Fe que lleva el apoyo de toda la bancada provincial. Pero al igual que todos los caminos legislativos, se puede prever su inicio más difícilmente cuán largo será, en particular, en un año electoral.

Las falencias de la Justicia en Rosario

En el Informe de Gestión Anual 2022 del Ministerio Público Fiscal de la Nación en el que todas las y los fiscales federales del país hacen una rendición de cuentas sobre el desempeño de sus despachos, se advierte una serie de denominadores comunes en lo que refiere a la operatividad de la Justicia en Rosario. En su mayoría, un creciente número de causas cada vez más complejas en contadas manos; obstáculos procesales y limitaciones de diverso tenor.

Desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Fernando Arrigo traza un dramático panorama de la labor diaria. «Esta jurisdicción continúa atravesando una situación crítica desde el punto de vista del aumento de la criminalidad compleja y, concretamente, de delitos tipificados en la Ley 23.737 -Ley de Estupefacientes-, como asimismo los conexos a ellos».

En rigor, se trata de un incremento que no solo es cuantitativo en términos estadísticos sino, principalmente, en la complejidad creciente del modus operandi y del universo de actores responsables por la violencia en esa ciudad. Los fiscales describen, en este sentido, un entramado de organizaciones con acceso a una importante cantidad de recursos materiales, logísticos y económicos así como un gran número de miembros, capaces de operar «desde la cárcel con connivencia del servicio penitenciario».

Esta red les permite a sus integrantes expandir su accionar al campo de los delitos económicos y financieros como el lavado de activos de origen delictivo e intermediación financiera no autorizada. Y desplegar, a la vez, un «gran poder de fuego, agresividad y violencia, incluso dirigida públicamente a funcionarios, magistrados e instituciones de los diferentes poderes judiciales -federales y locales- y los ministerios públicos de ambos niveles de gobierno -nacional y provincial».

Según consta en la memoria, esta multiplicación cuantitativa y cualitativa de causas no solo tuvo un impacto directo sobre la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones y las dependencias federales Número 1, 2 y 3 de Rosario, sino también en las oficinas federales de Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás.

Ya en el «Informe periódico estadístico del MPFN» (enero/junio 2022), en la información consignada por la Dirección General de Desempeño Institucional, la Jurisdicción Rosario se presenta como la que tuvo la mayor cantidad de ingresos de casos penales del Ministerio Público Fiscal de la Nación para ese semestre. Un total de 5065 casos, con un promedio de 844 ingresos mensuales, por encima de otras jurisdicciones de actividad intensa como la de San Martín y Capital Federal.

No solo ello: la pelea contra esas organizaciones y sus recursos las dan de forma desigual, insisten los fiscales. Desde la base. Hablan de instalaciones edilicias «insuficientes» en relación a la cantidad de personas que se desempeñan en el organismo, en materia de personal por metro cuadrado, ventilación, luz natural, climatización, sanitarios, etc

Cómo trabajan los fiscales de Rosario

En el apartado correspondiente al desempeño de la Fiscalías Nº 1 y Nº 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, ambas a cargo de Federico Reynares Solari, se consignan una serie de dificultades para llevar adelante el trabajo pese al «esfuerzo sostenido» del personal disponible.

«La prepotencia de recursos materiales, sumado a los paradigmas de trabajo heredados del viejo sistema mixto – inquisitivo, dificultan que este Ministerio Público Fiscal pueda llevar adelante en plenitud lo que debiera ser su función primordial en la etapa de juicio: la política criminal aplicada, entendida ésta última en la etapa de juicio como la concreción en juicio orales y públicos de los litigios estratégicos y su jerarquización, la que en muchos casos queda reducida a un ordenamiento actuarial a partir de las agendas de cada una de las vocalías», esgrime.

En más de una ocasión, coordinan sus investigaciones con la PROCELAC y  la DGI-ADUANA a fin de avanzar en la investigación de causas de contrabando con fugas millonarias de dólares al exterior y concretar las imputaciones correspondientes. Del mismo modo, trabajaron causas de lavado de activos derivadas del narcotráfico.

Desde la Fiscalía Nº 2, en manos de Fernando Arrigo, también alertan por el trabajo acumulado en pocas manos. Detallan que el crimen organizado y la violencia consecuente ha desatado un incremento en el ingreso de causas penales en Rosario acompañada de una mayor complejización de las mismas. En consecuencia, se multiplica el número de imputados por expediente.

Esto ha derivado en operativos que no solo culminan con un elevado número de personas detenidas y sustancias estupefacientes, elementos de corte y fraccionamiento y documentación secuestradas, sino también la captura de gran cantidad de aparatos de telefonía celular cuya información debe luego ser analizada. Esto en el marco de una Justicia donde los recursos no abundan.

El fiscal federal de primera instancia Javier Arzubi Calvo (Fiscalía Nº 1 de Rosario) da cuenta de ello cuando plantea la poca disponibilidad para realizar las pericias de los elementos secuestrados como estupefacientes y celulares, razón por la cual se terminan elevando a juicio diversas causas sin investigaciones previas con la pericia de droga pendiente o se fuerzan a fijar prioridades a la hora de solicitar el peritaje de elementos electrónicos.

«Nos encontramos ante la constante necesidad de contar con dispositivos para el guardado de los resultados periciales de elementos electrónicos. Se abordó con la compra de diversos discos externos y Pen Drives, sin embargo no fue solucionado debido a que la demanda de dispositivos es constante. Asimismo, nos encontramos en tratativas para instalar una computadora con el único fin de poder revisar los resultados de los peritajes de los celulares debido a que no pueden ser abiertos en las computadoras instaladas a los empleados por falta de espacio», describe.

Asimismo, la demora de las causas conlleva la presentación de sucesivos pedidos de prórrogas de prisiones preventivas en los que se debe involucrar la Fiscalía, relegando otras tareas.

Un tema aparte lo constituye el foco puesto en el narcomenudeo, la venta de pequeñas cantidades, que terminan abultando el número de causas y operando como un dique para el avance de las más grandes. Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, habla de «una política criminal gestada por el Ministerio respectivo en donde la criminalidad se acentuó en las causas menores (tenencia de uno o dos gramos de estupefacientes, o de pocas cantidades de cigarrillos de marihuana o cantidades irrelevantes de cocaína), lo que llevó a las tres fiscalías de instrucción a redoblar esfuerzos para gestionar estas causas menores en demérito de las relevantes.»

Una opción de los fiscales es centralizar las denuncias de diferentes domicilios de un mismo barrio vinculados al menudeo en un mismo sumariante y con una misma fuerza preventora. Eso permitió a los magistrados decodificar las características propias de un delito conectado a otros de competencia ordinaria como las balaceras, los homicidios y las usurpaciones, para lo cual se debió trabajar en línea con el Ministerio Público de la Acusación local.

Los fiscales dan cuenta de la poca disponibilidad para realizar las pericias de los elementos secuestrados como estupefacientes y celulares, razón por la cual se terminan elevando a juicio diversas causas sin investigaciones previas con la pericia de droga pendiente o se fuerzan a fijar prioridades a la hora de solicitar el peritaje de elementos electrónicos

Las reformas que piden los fiscales de Rosario

Todo lo previo se relaciona directamente con la ya consabida problemática de la superposición de agendas por parte de los jueces originales de otros tribunales que actúan en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 para suplir las tres vacancias en sus vocalías. Y va en desmedro de la realización de las audiencias de juicio.

Frente a ello, las recomendaciones de las fiscalías discurren por salidas alternativas legisladas en el código procesal (acuerdos de juicio abreviado y suspensión del juicio a prueba) a las que ponderan como herramientas eficaces para dar soluciones definitivas a las causas en trámite. En tal sentido, demandan tanto la creación de un nuevo Código Penal, en el marco del derecho sustantivo, así como designación de más fiscales para la cuestión procesal, lo que resulta «indispensable» para el sistema acusatorio ya que los tribunales colegiados cuentan con el triple del personal que las fiscalías y los de primera instancia, prácticamente el doble del personal.

«Para hacer realidad el apotegma de que los fiscales dirigimos las investigaciones se impone un organismo de investigaciones, con la incorporación de personal especializado e investigadores«, destacan. De igual modo, demandan que en materia de delitos contra el orden económico y financiero, es vital establecer la obligación de sostener la competencia federal y hasta «reclamarla ante noticias de que en otro fuero se están ventilando esos delitos».

En paralelo, sugieren que se modifique el mínimo previsto en el art. 5to. inc. c) de las normas relativas a los estupefacientes «a modo que se tenga en cuenta la situación del trafi-adicto y narcomenudeo «. De igual modo, piden que se incorpore la declaración de rebeldía como un acto que interrumpe el curso de la prescripción de la acción. Y que se modifique el art. 41 del código penal a fin de que se detallen de manera más precisa y acabada las pautas de individualización judicial de la pena, especificando atenuantes y agravantes en lo concerniente a las escalas penales.

Respecto al campo procesal, señalan que el juicio abreviado constituye una herramienta clave a la hora de sellar acuerdos abreviados parciales y por montos de pena que superen los seis años de prisión. Y empoderar a los auxiliares fiscales, modificando el artículo 94 del Código Procesal Penal Federal a fin de que puedan disponer de la acción y formular acusaciones, bajo instrucciones, supervisión y responsabilidad del o la fiscal, a fin de ganar en eficacia.

Fuente: El Cronista por Mariano Beldyk

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