Renuncias forzadas, procesamientos judiciales y financistas bajo investigación internacional revelan un patrón inquietante: el discurso anticorrupción del mileísmo se desmorona cuando se observa el comportamiento de su propio círculo íntimo. No son hechos aislados. Es una forma de ejercer el poder.

Javier Milei llegó a la presidencia con una promesa tan simple como incendiaria: terminar con la corrupción estructural de la “casta”. No reformarla. No administrarla mejor. Erradicarla. Dos años después, la realidad empieza a devolverle una imagen incómoda: la de un gobierno que, lejos de romper con los viejos vicios, los reproduce con nuevos nombres y el mismo desprecio por la ética pública.

El 9 de febrero de 2026 funciona como una radiografía del problema. En un mismo día confluyen tres hechos graves: la renuncia de Demian Reidel a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, el procesamiento de Diego Spagnuolo por una megacausa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la negociación de un acuerdo de culpabilidad de Federico “Fred” Machado en Estados Unidos, con posibles derivaciones políticas en la Argentina.

Tres expedientes distintos. Un denominador común: la proximidad al poder como habilitación para prácticas incompatibles con la función pública.

Reidel y Nucleoeléctrica: la transparencia que nunca llegó

Demian Reidel no fue un funcionario accidental. Economista de extrema confianza del Presidente desde los orígenes del proyecto libertario, asumió en julio de 2025 al frente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) con la misión de impulsar el Plan Nuclear Argentino y garantizar eficiencia, control y previsibilidad. Su gestión duró apenas siete meses.

Su salida, presentada como “indeclinable”, dejó detrás denuncias por sobreprecios en contratos, irregularidades administrativas y decisiones internas que favorecieron la continuidad de gerentes bajo investigación.

Pero el punto más delicado está hoy bajo análisis: la posibilidad, en el marco de auditorías administrativas y actuaciones preliminares, de que se hayan utilizado recursos estatales para cancelar deudas personales por 825 millones de pesos en un lapso extraordinariamente breve de 18 días, coincidiendo con sospechas de sobreprecios de hasta el 140% en servicios de mantenimiento.

Reidel votó en el directorio contra la suspensión de funcionarios investigados, como los gerentes Marcelo Famá y Hernán Pantuso.

No brindó explicaciones públicas sobre el origen ni el mecanismo de esa eventual cancelación de pasivos. Simplemente se fue. Y dejó a cargo interinamente a Juan Martín Campos, mientras auditorías pendientes y revisiones internas continúan abiertas.

El impacto institucional no es menor. NA-SA es una pieza clave en el esquema energético nacional y en proyectos estratégicos vinculados a YPF y la minería, áreas donde el gobierno busca atraer inversiones bajo la promesa de reglas claras. La renuncia no cerró el caso: lo abrió.

Esta dimisión marca la quinta salida de un presidente de Nucleoeléctrica desde el inicio de la gestión libertaria, destacando una inestabilidad crónica en la empresa.

Reidel niega las acusaciones y las atribuye a ataques políticos. Pero el problema del mileísmo ya no es el relato opositor: son los hechos que se acumulan dentro de su propio perímetro de poder.

Spagnuolo y la ANDIS: el negocio de la vulnerabilidad

Si el caso Reidel sacude la cúpula energética, el de Diego Spagnuolo perfora el límite moral. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, ex abogado personal de Milei y figura central del armado inicial, fue procesado por asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez federal Sebastián Casanello fue contundente. Según la resolución de 703 páginas, la ANDIS fue transformada en un mecanismo para beneficiar a empresas privadas mediante contratos inflados de medicamentos, en perjuicio directo de personas con discapacidad, con desvíos estimados en hasta 6.000 millones de pesos.

La causa involucra a 19 imputados, entre ellos Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo, y empresarios ligados a droguerías proveedoras del Estado como Miguel Calvete (detenido por otra causa) y Pablo Atchabahian.

El embargo sobre el ex funcionario supera los 202 millones de pesos, el más alto de la investigación.
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La Justicia rechazó el pedido de Spagnuolo para recuperar USD 80.000 y 2.000 euros incautados, reforzando las sospechas de enriquecimiento ilícito.

El expediente se originó en audios de agosto de 2025, en los que Spagnuolo describe un esquema de retornos con precisión inquietante: un “3%” que, según sus propias palabras, estaba destinado a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Empresas como Suizo Argentina, vinculadas a los hermanos Menem, aparecen mencionadas como presuntas beneficiarias de adjudicaciones irregulares.

Los allanamientos secuestraron divisas y documentación relevante. Y un dato político clave: los primeros testimonios que mencionan a Karina Milei se remontan a 2024, cuando el esquema aún se encontraba en fase inicial. Spagnuolo era uno de los visitantes más frecuentes a Olivos, destacando su proximidad al Presidente.

El Presidente desestimó las acusaciones y volvió a hablar de “operaciones”. Pero la causa avanza. Y cuando la Justicia avanza, el discurso empieza a crujir.

Fred Machado: dinero oscuro y daño colateral

El tercer capítulo se escribe fuera del país. Federico “Fred” Machado negocia en Texas un acuerdo de culpabilidad por narcotráfico, lavado de activos y fraude tipo Ponzi. Su defensa solicitó 90 días adicionales para revisar evidencia masiva, con aval de la Fiscalía, un paso habitual previo a una eventual declaración de culpabilidad.

Las acusaciones incluyen contrabando de cocaína vía aeronaves y maniobras financieras complejas. Pero el impacto político resuena en la Argentina.

Machado mantiene vínculos documentados con José Luis Espert: transferencias por al menos 200.000 dólares en 2020, uso reiterado de su avión privado (matrícula N28FM) y una relación que derivó en la renuncia de Espert como candidato a diputado nacional en octubre de 2025.

Documentos desclasificados vinculan además a Machado con Jeffrey Epstein, incluyendo un préstamo de 800.000 dólares y negociaciones por un jet de más de 10 millones en 2015.

Espert no era una figura secundaria. Fue uno de los socios políticos originales de Milei, impulsado por el propio Presidente como referente central de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Milei lo defendió públicamente hasta que el costo electoral se volvió insostenible. Entonces, aceptó su salida.

Las conexiones internacionales del financista, incluidas relaciones con figuras como Jeffrey Epstein, anticipan un expediente de alcance imprevisible si el acuerdo judicial se concreta.

Las negociaciones son “sustanciales” y buscan resolver el caso sin juicio, lo que podría implicar revelaciones sobre financiamientos opacos.

El patrón que desnuda al poder

Reidel, Spagnuolo, Machado. Energía, políticas sociales, financiamiento político. Tres áreas distintas, un mismo patrón: cercanía al poder, opacidad en el manejo de fondos, reacción defensiva y descalificación sistemática del que pregunta.

El mileísmo construyó su identidad denunciando a la “casta” como un bloque corrupto y parasitario. Hoy empieza a exhibir su propia casta: íntima, cerrada, protegida por el relato y sostenida por la negación permanente.

Las tensiones internas —Karina Milei, Santiago Caputo, los Menem— ya no pueden ocultarse. Episodios como el criptogate completan un cuadro que erosiona la credibilidad del proyecto libertario, incluso entre quienes lo votaron esperando un cambio ético.

La Justicia avanza. La oposición exige explicaciones. El gobierno responde con descalificaciones. Pero hay algo que ningún relato puede tapar: cuando el ajuste es para la sociedad y la corrupción para el entorno, la épica anticasta se transforma en cinismo de poder.

Y ese, para un gobierno que se proclamó moralmente superior, suele ser el principio del final.

Ricardo Raúl Benedetti

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