Bien por la Justicia: Piden el procesamiento de cinco funcionarios de la TV Pública por el retiro en bolsos de $11,4 millones. Alejandro Alfie

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió procesar a cinco directivos de la TV Pública y Radio y Televisión Argentina (RTA), por retirar en efectivo de manera irregular $11,4 millones en efectivo. Los acusa de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Pese a que la causa judicial está caratulada como “Lufrano, Rosario, sobre incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos”, el fiscal no pidió el procesamiento de Lufrano, la presidenta de RTA, la empresa que maneja la TV Pública.

“Es que el fiscal entiende que las autoridades del directorio de RTA fueron engañadas por esos gerentes y directivos de las áreas de producción y finanzas de la empresa”, dijo una fuente judicial a Clarín.

La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Casiñeira contra la titular de RTA. A esa denuncia luego se le agregó otra de la propia denunciada Lufrano.

En su dictamen, el fiscal Pollicita planteó que la “maniobra defraudatoria” fue desplegada entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de este año por los funcionarios Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro de la Torre, Ariel Berliner y Claudio Lamalfa, con la participación de la escenógrafa Adriana Maestri, entre otros.

Los cinco funcionarios de RTA y la TV Pública extrajeron $11,4 millones en efectivo de la cuenta de RTA, “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades, en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo del dinero del Estado”, sostuvo el fiscal Pollicita, para la puesta en marcha de la producción interna Los amores prohibidos de Belgrano, como anticipos de gastos.

El objetivo era “materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado”, dijo Pollicita.

De los $11,4 millones, el fiscal planteó que se recuperaron $8,1 millones, mientras que del resto se presentaron comprobantes que “fueron realizados a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados”.

La tipificación legal de los delitos investigados es de administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con penas que llegan hasta los seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Pollicita dijo que “el escenario descripto basta para tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización bajo esta modalidad, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

Los funcionarios imputados, para los que el fiscal Pollicita pidió su procesamiento son Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas; Ernesto Molinero, gerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano. También el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró los $11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.

Además, el fiscal Pollicita pidió el procesamiento de Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, que tienen prohibido el ingreso al canal, pues tienen cargos de planta permanente, así que las autoridades prefirieron esperar a que terminen los sumarios administrativos para resolver si los echan del canal.

La sexta persona que el fiscal pidió su procesamiento es Adriana Maestri. La escenógrafa no es empleada de RTA ni de la TV Pública, pero obtuvo “indebidos beneficios” de la operación irregular, al igual que los funcionarios públicos, “provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas”, sostuvo en su dictamen el fiscal Pollicita.

La escenógrafa Maestri es la única proveedora a la que se le pidió su procesamiento. Es que ella cobró a principios de marzo $1,9 millón en efectivo de manos de los funcionarios de la TV Pública, por su participación como directora de arte en la miniserie, sin concurso ni contrato, según surge del expediente judicial al que tuvo acceso Clarín.

Su caso fue puesto como ejemplo por el fiscal Pollicita de las irregularidades detectadas en la empresa RTA, que está a cargo de Rosario Lufrano.

El denunciante Benedetti fue funcionario en la gestión macrista de Hernán Lombardi, cuando era coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Ahora es columnista del programa que Baby Etchecopar tiene en Radio Rivadavia y secretario general de Banquemos, una agrupación muy activa de Juntos por el Cambio (JxC). Desde ese frente político, los diputados pidieron citar a Lufrano, para que la presidenta de RTA informe sobre este escándalo en el Congreso.

Fuente: Alejandro Alfie para Clarín.com

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