El Gobierno presentó en la ONU el polémico informe con su embestida a la Justicia y en defensa a Cristina Kirchner: «Buscan su proscripción»

Fue en un foro dedicado a los Derechos Humanos. Apuntó además contra los medios y la oposición por «discursos de odio» y mencionó a Milagro Sala.

El Gobierno argentino presentó este lunes en un foro de la ONU sobre Derechos Humanos un controversial informe en el que denuncia el «lawfare» en el país, carga contra los medios y la oposición y acusa a la Justicia de «perseguir» líderes populares.

Fue en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los países miembro presentan el llamado Examen Periódico Universal (EPU), en el que se releva la situación de los derechos humanos en cada uno de los miembros. Es una presentación que se realiza cada cinco años. 

A quien le tocó exponer fue al secretario de Derechos Humanos, el kirchnerista Horacio Pietragalla, que viajó a Ginebra para leer un informe de casi 30 páginas, donde habla de «discursos de odio» en redes sociales y medios de comunicación, y los vincula con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner ocurrido en septiembre del año pasado.

Allí comenzó con un duro discurso, donde cargó contra el Poder Judicial e incluso mencionó el caso de Milagro Sala, quien consideró que está detenida de «manera arbitraria».

«Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política», cuestionó.

Y agregó: «Mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población».

El funcionario también sostuvo que «no es casual que los organismos de derechos humanos» de Argentina «apoyen el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de la Justicia» ya que -argumentó- «la pérdida de credibilidad del máximo tribunal implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes».

«Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país», agregó.

En el informe presentado, el Gobierno argentino repasa distintos puntos sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, tales como los procesos de ‘Memoria, verdad y justicia’, los avances en igualdad de género, lucha contra la violencia sexual o acceso a la educación.

Es un espacio que permite a debatir la situación de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Allí recibe las “recomendaciones” de los restantes miembros de la comunidad internacional acerca de cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el país bajo examen. No existe ningún otro mecanismo similar en el ámbito de las Naciones Unidas.

Casi sobre el final, aparece un apartado titulado «Cuestiones emergentes: principales desafíos», donde el el Gobierno apunta contra el poder judicial, los medios de comunicación y la oposición.

En primer lugar menciona los llamados discursos de odio, y los vincula con el ataque que sufrió Cristina Kirchner en septiembre de 2022, cuando Fernando Montiel Sapag le gatilló en la cara cuando llegaba a su departamento.

«Debemos llamar la atención del Consejo sobre los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática y que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner», comienza el informe.

Luego responsabiliza a medios y oposición de difundirlos. «Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional», sostiene el texto.

Pero quizás el punto más controversial es el 188, donde habla del “lawfare o “guerra jurídica”. «Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública», acusa el texto

Luego sostiene que la vicepresidenta Cristina Kirchner es una víctima de estas maniobras y que las causas judiciales por corrupción que la condenaron «violan el debido proceso» y solo buscan atacar a referentes de «sectores populares»

«En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población», plantea el informe.

Fuente: Clarín


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