El fiscal Luis Schiappa Pietra dió detalles sobre la investigación que se inició a partir del despliegue de una bandera que aludía a Los Monos en la despedida de Maxi Rodríguez y calificó el hecho como “un acto muy caro para el sentir de la ciudad”.

En la bandera se hacía referencia a tres líderes narcos presos: Ariel «Guille» Cantero, Carlos Damián «Toro» Escobar y Leandro «Pollo» Vinardi, lo que dió lugar a una serie de pesquisas para la que se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario judicial conformado por los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matias Edery, Adrian Spelta, Gisela Paolicelli, Pablo Socca, Federico Rébola y Franco Carbone.

“El despliegue de esa bandera visibilizó una serie muy importante de irregularidades y eventualmente de hechos de naturaleza criminal”, declaró el fiscal Schiappa Pietra en conferencia de prensa antes del inicio de la segunda jornada de la audiencia imputativa que comenzó el jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

A los acusados se les imputó conformar una asociación ilícita que tiene como objetivo organizar recursos humanos y materiales a fin de ampliar su dominio y la disposición de negocios ilícitos en la zona oeste de la ciudad. Se les atribuye haber ejecutado hechos ilícitos y delictivos contra personas e instituciones tanto públicas como privadas que tipifican como delitos de amenazas, homicidios, abusos de armas, tenencias y portación de armas de fuego y otros delitos que involucran a funcionarios policiales.

Es señalado como Jefe de la organización Pablo Nicolás Camino que opera desde su lugar de detención en la Unidad Nro 6 de Rawson, a través de comunicaciones telefónicas tendientes a que ejecuten tareas tales como “abrir barrios”, recolectar dinero proveniente de ilícitos, cobro de alquileres de inmuebles obtenidos de formas ilegales, como usurpaciones, la sustracción de motovehículos y/o vehículos automotores.

En el rol de organizadores de la asociación Carlos O. y Antonela F., Carlos O. desde su lugar de alojamiento en la Unidad de Coronda, en pabellón junto a gente de confianza de Pablo Nicolás C., se comunica a través de diferentes dispositivos móviles con Antonela F., a quien le da indicaciones y le requiere que a fin de acreditar el cumplimiento de la tarea encomendada por el jefe de la asociación ilicita, le envíe fotos o vídeos de las “tareas” que realicen.

“Es importante para nosotros imputar tanto a los autores materiales de estos hechos como también a los instigadores que en su mayoría están alojados en sus centros de detención”, afirmó el fiscal Schiappa Pietra. Y criticó fuertemente al sistema penitenciario: “Hemos pasado intervenciones telefónicas donde los detenidos estaban hablando durante horas desde las cárceles, muy cómodos, y claramente ésto excede por mucho el derecho a la comunicación que tiene cualquier recluso. Hay un problema en la forma en que se administra el servicio penitenciario y el cumplimiento de penas. En este sentido es necesaria una respuesta que excede a la agencia judicial y que le compete a las agencias políticas a cargo de la administración de los centros de detención”, aseguró.

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