Cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023, la economía se encontraba en una situación muy crítica, básicamente, en tres frentes:
1) las distorsiones monetarias, que se manifestaban en la utilización de recursos no genuinos (emisión monetaria y endeudamiento) para financiar el déficit estatal, que era la causa última de este aspecto del problema.
2) los desincentivos estructurales a la producción: presión tributaria asfixiante, costos laborales prohibitivos, inseguridad jurídica, incertidumbre política, infraestructura obsoleta o inexistente, exigencia de trámites burocráticos innecesarios e improductivos, etc.
3) una absoluta falta de confianza, de parte de los agentes económicos, no en un gobierno en particular, sino en el país en su conjunto, como consecuencia de 80 años de desaciertos crónicos en el manejo de la economía.
Estas tres variables se interrelacionaban y se retroalimentaban unas a otras, configurando, no solo un escenario muy crítico, sino además proyectando unas perspectivas extremadamente pesimistas.
De este conjunto de factores, el más superficial, el más visible, el más inmediatamente impactante era la inflación. El gobierno identificó correctamente el problema y atacó frontalmente la causa final de ese fenómeno: el déficit fiscal. La principal medida con ese propósito fue el congelamiento de la emisión monetaria. En consecuencia, los pesos comenzaron a escasear y la moneda argentina se viene apreciando respecto de su referencia usual, el dólar norteamericano. Agreguémosle a esto que, de resultas del sinceramiento de los precios, los salarios perdieron poder adquisitivo y que se sancionó un blanqueo muy exitoso. Mucha gente debió salir a vender dólares que tenía guardados para afrontar gastos corrientes y el blanqueo provocó que se agreguen grandes masas de dólares al sistema monetario. Semejante flujo de dólares hizo bajar el tipo de cambio.
Esta política produjo avances en el primero de los tres factores que configuraban la problemática económica con la que el gobierno se encontró al asumir: se eliminaron (o, al menos, se corrigieron mucho) las distorsiones monetarias que se manifestaban a través de la inflación. Pero los niveles de precios quedaron muy altos, medidos en dólares, en parte, tal vez, porque los agentes no internalizaron la estabilidad (que aun no está definitivamente consolidada, por cierto) y probablemente se sigan manejando con los parámetros propios de las épocas de elevada inflación, en particular, en lo referido a los márgenes de ganancia.
Sucede además que ni los desincentivos estructurales a la producción ni la escasez de confianza (los otros dos componentes del escenario económico presente al momento del inicio de la gestión) desaparecieron ni registraron disminuciones significativas. En consecuencia, el gobierno ha logrado avances en lo referido al primero de los tres factores que debía enfrentar, pero tiene que lidiar con las otras dos variables, que, en lo sustancial, permanecen intactas.
Esto deriva en que la economía, si bien muestra algunos indicios de crecimiento, no llega a “levantar vuelo” y mucho menos a inspirar confianza a largo plazo. De esta falta de dinamismo, combinada con la apreciación del peso sobrevenida como efecto de la política monetaria, se deriva que los precios en dólares de los bienes se hayan multiplicado sustancialmente en el curso de 2024. Y, mientras no se logre resolver los dos aspectos de la situación económica que aun están pendientes, la estructura de precios difícilmente cambie. No hay perspectivas de que eso suceda dentro de un plazo previsible. El gobierno de Milei conduce a Argentina a la estabilidad, pero sin motorizar una mejoría palpable en el nivel de vida de la población. Es lo que tenemos. Peor era la inflación. Sería deseable encontrar soluciones para los asuntos que están pendientes, pero es poco probable que eso llegue a suceder durante el actual período de gobierno. Hay motivos para que así sea.
En lo referido a la baja de impuestos, modificación de las leyes laborales, mejora de la infraestructura, garantización de la seguridad jurídica y todo el resto de los factores institucionales que obstaculizan la marcha de la economía, se trata de decisiones de los actores políticos, donde anidan muchos intereses por sostener el statu quo, lo cual dificulta que tales iniciativas prosperen. El gobierno no suele avanzar demasiado en estas materias, en parte por falta de voluntad y en otros casos como resguardo de la gobernabilidad. Por ende, en esa área, el segundo de los componentes problemáticos que el gobierno encontró al asumir, parece difícil alcanzar logros significativos.
En cuanto a la recomposición de la credibilidad de los agentes económicos, la dificultad radica en que Argentina tiene un historial demasiado largo de haber defraudado a quienes confiaron en el país. Por ende, todos los potenciales inversores ven como excesivamente riesgoso enterrar aquí sus capitales. El temor a que vuelva a gobernar el peronismo y cambie abruptamente las reglas de juego está muy arraigado en todos quienes podrían estar dispuestos a encarar proyectos empresariales -de cualquier magnitud, desde los muy grandes a los más pequeños- radicados en nuestro país. Solo en la medida en que haya una sucesión de gobiernos pro mercado la confianza será gradualmente recuperada. Este no es un problema atribuible a la gestión del actual gobierno pero condiciona los resultados que puedan esperarse de su política económica.
Dado este conjunto de factores, no hay margen para un excesivo optimismo, aunque tampoco hay motivo para suponer que el modelo mileísta vaya a desembocar en una crisis. Lo que cabe esperar de la economía, para los próximos tres años, es más bien una consolidación de la estabilidad monetaria, donde el nivel de actividad permanezca amesetado en los pobres niveles donde se encuentra actualmente, sin desbarrancarse, pero sin un crecimiento significativo. Para que haya crecimiento se necesita inversión cuantiosa. La estabilización de la moneda es una de las condiciones necesarias para que las inversiones fluyan en cantidad. Pero no es suficiente. Se necesita un escenario político-institucional-jurídico-cultural que contribuya a que ese proceso se intensifique y, además, que ese contexto perdure en el tiempo por plazos extensos y sin que se vislumbren riesgos de retrocesos. Por ahora, nos encaminamos hacia la estabilización. En eso, el gobierno está contribuyendo a que la situación general mejore. Pero quedan muchas asignaturas pendientes y, momentáneamente, no parece factible que esas deudas vayan a quedar saldadas a la brevedad.
Alejandro Sala
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