
El Gobierno frenó hasta febrero las negociaciones con la CGT por el nuevo proyecto de reforma laboral, cuyo tratamiento consideran postergar hasta un eventual triunfo libertario en las legislativas.
Mucho cambió en la relación entre la CGT y el Gobierno desde aquel primer paro general a tan solo 45 días de asumir Javier Milei. Un año después, el Ejecutivo ve buena predisposición en los líderes sindicales para discutir posibles avances en materia de una reforma laboral, uno de los objetivos que se propuso Milei para 2025. Sin embargo, las negociaciones atraviesan un receso de verano y en Casa Rosada analizan postergar la iniciativa hasta después de las elecciones legislativas, una vez que La Libertad Avanza gane fuerza en ambas cámaras.
«Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional», había dicho el presidente a fines de diciembre a modo de adelanto de los objetivos de su gestión para este año.
En ese sentido, una primera punta de lanza es el proyecto de ley que presentó la bancada libertaria para hacer modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, algunas de las cuales estaban incluidas en el capítulo laboral del DNU 70/2023 que fue frenado por la Justicia tras los reclamos del sindicalismo.

Se trata del proyecto de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja a fines de noviembre por la diputada nacional oficialista Romina Diez junto a otros 14 compañeros de bancada. La iniciativa apunta a aumentar el empleo formal y entre otros cambios a la Ley 20.744 incluye un artículo que permitiría a los trabajadores renunciar a condiciones acordadas por encima de los convenios colectivos de trabajo y otro que habilitaría al empleador a introducir «todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad».

Esta reforma es menos ambiciosa que la original incluida en el megadecreto de Javier Milei, que tenía modificaciones a las condiciones de retención de la cuota sindical (el dinero que los trabajadores aportan automáticamente todos los meses a los sindicatos), imponía reglas para la negociación colectiva, reducía las indemnizaciones por despido y limitaba el derecho a huelga en actividades consideradas esenciales.
Fuente: Nicolás Palermo para mdzol.com
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