La seguridad en Argentina ha tomado un giro inquietante. Tras la brutal represión durante la marcha de jubilados frente al Congreso, que dejó a varios heridos y detenidos—incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien terminó en estado crítico tras recibir el impacto de una granada de gas en la cabeza—, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha designado a Ramiro Anzit Guerrero como nuevo Director de Inteligencia Criminal. Un funcionario con pasado errático, múltiples despidos, desconfianza de la SIDE y una relación tensa con las distintas administraciones en las que se desempeñó.

Su llegada no es casualidad: el cargo quedó vacante luego del despido de Ricardo Ferrer Picado, a quien en los pasillos de Seguridad señalaron como responsable político del operativo en el que se reprimió con saña a manifestantes y transeúntes, generando el escándalo que obligó al gobierno a recalcular. Lejos de marcar un cambio de rumbo, la designación de Anzit Guerrero parece más bien un refuerzo de la línea dura que impulsa Bullrich, sin miramientos por los abusos policiales.

Un operativo desbordado y sus consecuencias

La manifestación del 12 de marzo fue rápidamente capitalizada por el kirchnerismo y la izquierda para agitar la calle, pero lo que debía haber sido un control ordenado de la situación terminó en una represión indiscriminada, con policías golpeando a manifestantes, detenciones al voleo y gas lacrimógeno disparado a quemarropa. Un accionar que dejó a la seguridad más expuesta que fortalecida.

La Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en reaccionar, denunciando el operativo como una «vergüenza nacional» y acusando al gobierno de actuar con un nivel de violencia propio de un régimen autoritario. La reacción oficial, en lugar de apaciguar los ánimos, encendió más la polémica: lejos de condenar los abusos, Bullrich justificó el accionar de las fuerzas y lanzó frases altisonantes como que los manifestantes “vinieron preparados para matar”, dejando claro que, si hay excesos, serán respaldados.

Tensiones internas y un Milei incómodo

El episodio dejó fisuras dentro del oficialismo. Tanto el presidente Javier Milei como su hermana Karina—quien mantiene una relación de desconfianza con Bullrich—criticaron puertas adentro el accionar de las fuerzas. Si bien no lo hicieron público, los hechos hablan por sí solos: tras el escándalo, en la marcha del 24 de marzo el protocolo de seguridad no se aplicó y la jornada transcurrió sin represión. Un cambio que sugiere que, más allá del discurso, hubo un llamado de atención interno sobre el costo político de estas decisiones.

¿Quién es Anzit Guerrero y qué representa su llegada?

El perfil del nuevo Director de Inteligencia Criminal no parece alinearse con los valores que el gobierno dice defender. Anzit Guerrero pasó por distintos gobiernos, incluyendo el kirchnerismo, y su historial no es el de un funcionario impoluto. Fue desplazado de diversos cargos por decisiones erráticas, conflictos internos y falta de resultados concretos.

Su llegada genera más dudas que certezas. ¿Es el hombre adecuado para encabezar la inteligencia criminal en un país donde el crimen organizado avanza y la seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la sociedad? ¿O simplemente es otra ficha dentro de una estructura que prioriza la mano dura por sobre la eficacia y el profesionalismo?

¿Seguridad o descontrol?

El gobierno de Javier Milei prometió un cambio de paradigma en seguridad, pero los hechos demuestran que, más que orden, hay improvisación y voluntarismo. No se trata solo de endurecer discursos o llenar las calles de uniformados, sino de conducir las fuerzas con inteligencia, planificación y respeto a la ley.

La represión descontrolada no fortalece la seguridad, la debilita. Nombrar funcionarios con antecedentes dudosos no ayuda a combatir el crimen, lo enreda aún más en la política. Si el gobierno no cambia el rumbo, lo que hoy parece un problema de abuso de autoridad puede transformarse en una crisis institucional que, lejos de garantizar el orden, termine sumiendo a la Argentina en un estado de excepción permanente.

Ricardo Raúl Benedetti

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