La Paz, 12 de junio de 2025 – En las calles de La Paz, donde el frío del altiplano se mezcla con la incertidumbre de un país en crisis, Bolivia enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La pugna entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), ha fracturado al país, desatando una ola de violencia, bloqueos y acusaciones de nexos con el narcotráfico que amenazan con socavar la democracia. En este escenario de polarización, figuras emergentes como Jaime Dunn, analista financiero y precandidato presidencial, buscan irrumpir como alternativas al dominio del MAS. Sin embargo, el camino hacia las elecciones del 17 de agosto de 2025 está plagado de obstáculos, y el riesgo de un retroceso autoritario o el avance del crimen organizado pone en jaque no solo a Bolivia, sino a toda la región. Como periodista paceño, criado bajo la sombra del Illimani, escribo con la urgencia de quien ve su nación al borde del colapso, pero también con la convicción de que la verdad debe guiar nuestra lucha por la libertad.

La fractura del MAS y la crisis política

El Movimiento al Socialismo, que gobernó Bolivia desde 2006, transformó el país con políticas sociales que redujeron la pobreza de un 60% a un 37%, según el Banco Mundial, y dieron voz a los sectores indígenas. Sin embargo, la ambición de Evo Morales por perpetuarse en el poder marcó un punto de inflexión. Tras ignorar el referéndum de 2016 que rechazó la reelección indefinida y manipular el sistema judicial para postularse en 2019, Morales enfrentó acusaciones de fraude electoral que desencadenaron protestas masivas, su renuncia y su exilio en México y Argentina. Luis Arce, su exministro de Economía, asumió la presidencia en 2020 con un 55% de los votos, prometiendo estabilidad, pero la rivalidad con Morales ha dividido al MAS en facciones «evistas» y «arcistas», sumiendo al país en una crisis sin precedentes.

Los bloqueos de carreteras, liderados por seguidores de Morales en regiones como el Chapare y Cochabamba, han paralizado Bolivia. En octubre y noviembre de 2024, estas protestas costaron 1.500 millones de dólares, según el Ministerio de Economía, y dispararon la inflación mensual a un 1,46%, afectando el acceso a alimentos y combustibles. El asalto armado a un cuartel militar en Cochabamba en noviembre, donde manifestantes tomaron rehenes y robaron armas, fue calificado por el gobierno como un acto de «terrorismo», según Infobae. Morales, desde el Chapare, acusa a Arce de orquestar una persecución política para inhabilitarlo, mientras el Tribunal Constitucional, en diciembre de 2023, ratificó la prohibición de la reelección indefinida, excluyéndolo de las elecciones de 2025. El 5 de junio de 2025, el Tribunal Constitucional canceló la personería jurídica del Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), que respaldaba a Morales, sellando su exclusión, según CNN.

El narcotráfico: un peligro latente

Bolivia, tercer productor mundial de cocaína según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), enfrenta una amenaza creciente: el narcotráfico. El Chapare, bastión de Morales, es un centro clave de producción de coca, y el 60% de los cultivos no se destina al uso tradicional, sino al mercado ilegal, según la UNODC. La crisis económica, con reservas internacionales cayendo a 2.618 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2025 –frente a los 15.122 millones de 2014, según Infobae– y una dependencia de importaciones de combustible (86% del diésel y 56% de la gasolina), ha creado un terreno fértil para el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Acusaciones contra Morales, incluyendo cargos por tráfico de personas y abuso sexual, han intensificado las sospechas sobre sus vínculos con el crimen organizado, reportadas por The Guardian y France 24. El riesgo de que Bolivia se convierta en un narcoestado no es hipotético. Informes del International Crisis Group advierten que un colapso económico podría facilitar la expansión de redes criminales transnacionales, afectando a Brasil, Perú y Paraguay, que ya enfrentan el flujo de cocaína boliviana. La inestabilidad política, combinada con la debilidad institucional, amenaza con convertir a Bolivia en un epicentro de actividades ilícitas con alcance regional.

Jaime Dunn: un outsider en la carrera electoral

En medio de esta tormenta, nuevas figuras buscan desafiar el dominio del MAS. Jaime Dunn, analista financiero y precandidato presidencial por Nueva Generación Patriótica (NGP), ha emergido como un outsider que promete un cambio radical. Dunn, conocido por su trabajo con economistas de Harvard y el empresario Marcelo Claure en el proyecto Bolivia 360, propone combatir el narcotráfico declarándolo actividad terrorista, reformar el Código Penal y fortalecer las fuerzas del orden, según un comunicado en X del 11 de junio de 2025. Su discurso se centra en la libertad, la austeridad fiscal y la atracción de inversiones extranjeras para superar la crisis económica.

Sin embargo, su candidatura enfrenta obstáculos. El 6 de junio de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó la lista de 1.180 candidatos habilitados para las elecciones, pero Dunn no figuraba como candidato presidencial de NGP, debido a «faltas administrativas» relacionadas con procesos fiscales ligados a su rol como Oficial Mayor Administrativo de la alcaldía de El Alto hace 18 años, según Los Tiempos. En su lugar, Fidel Tapia Zambrana apareció como candidato, aunque NGP aseguró que estas irregularidades serían subsanadas. Dunn, en un comunicado del 24 de mayo, reiteró su compromiso con la candidatura, afirmando que se activaron «mecanismos legales» para proteger su derecho a participar.

A pesar de estas dificultades, Dunn ha generado expectativa entre sectores que buscan una alternativa al MAS y a la oposición tradicional. Su alianza con NGP, liderada por el empresario Édgar Uriona, y su propuesta de unificar el voto opositor a través de un debate de ideas, han sido destacadas por medios como El Deber. Sin embargo, su falta de un partido consolidado y la fragmentación de la oposición –con candidatos como Andrónico Rodríguez (MAS), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y Manfred Reyes Villa– limitan sus posibilidades, según analistas citados por Correo del Sur.

Un gobierno bajo escrutinio y una oposición fragmentada

Luis Arce no está exento de críticas. Su administración ha sido acusada de instrumentalizar el sistema judicial para neutralizar a opositores, incluyendo a Morales y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido desde 2022 por su rol en la crisis de 2019. Human Rights Watch ha señalado la falta de pruebas en estos casos, denunciando un uso político de la justicia. El fallido golpe de Estado de junio de 2024, liderado por el general Juan José Zúñiga, generó especulaciones sobre una posible maniobra de Arce para reforzar su imagen, aunque él lo niega, según Reuters.

La oposición tradicional, fragmentada entre Mesa, Reyes Villa y otros, no ha logrado capitalizar el descontento popular, con un 80% de bolivianos considerando que el país va por mal camino, según encuestas de El País. La decisión de Arce de no postularse a la reelección, anunciada el 13 de mayo de 2025, y la inhabilitación de Morales han abierto el camino a nuevos candidatos, como Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, quien representa al MAS bajo la agrupación Tercer Sistema, habilitada por el Tribunal Constitucional el 5 de junio, según Reuters.

Un desafío regional y global

La crisis boliviana tiene implicaciones que trascienden sus fronteras. Un colapso político o económico podría desestabilizar a Sudamérica, potenciando el crimen organizado y generando flujos migratorios hacia países vecinos. La creciente influencia de Rusia y China, que han financiado proyectos de infraestructura durante los gobiernos del MAS, añade una dimensión geopolítica, según The Economist. La Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas han llamado al diálogo, pero la falta de medidas concretas para garantizar elecciones transparentes es preocupante. La Unión Europea y Estados Unidos han expresado inquietud, pero sin una estrategia coordinada, sus esfuerzos son insuficientes, según France 24.

El gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia, César Siles, ha advertido que usará la fuerza pública si es necesario para garantizar las elecciones, según CNN el 4 de junio de 2025. Esta declaración, en un contexto de protestas por la inhabilitación de Morales, aumenta el riesgo de violencia. La comunidad internacional debe actuar con urgencia: sancionar a quienes obstruyan la democracia, enviar observadores electorales independientes y apoyar a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico.

El futuro de Bolivia en juego

Bolivia está en una encrucijada. Por un lado, enfrenta la amenaza de un retroceso autoritario, ya sea bajo un MAS dividido o un gobierno que recurra a la represión para mantenerse en el poder. Por otro, tiene la oportunidad de renovar su democracia si las elecciones de agosto son libres y transparentes. Figuras como Jaime Dunn representan una esperanza para quienes buscan un cambio, pero su éxito dependerá de superar los obstáculos burocráticos y unificar a una oposición fragmentada.

Como periodista y paceño, escribo con el peso de nuestra historia en los hombros. Bolivia no es solo un país de montañas y selvas; es un pueblo que ha resistido dictaduras, revoluciones y crisis. Las elecciones de 2025 son una oportunidad para decidir nuestro destino, pero solo si el mundo protege nuestro derecho a elegir. No pedimos compasión, sino acción. No dejemos que Bolivia caiga en el abismo del autoritarismo y el crimen organizado. La democracia boliviana, conquistada con sacrificio, merece sobrevivir.

Fuente: Marco Blacutt, paceño y enviado especial para SAP, desde La Paz, Bolivia

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