En el corazón del poder libertario, donde Javier Milei gobierna sostenido por el hermético “triángulo de hierro” que integran él, su hermana Karina y su estratega omnipresente Santiago Caputo, se despliega un caso que amenaza con resquebrajar la narrativa de pureza y transparencia con la que el oficialismo se vende al país. El expediente, hoy en manos de la Unidad de Información Financiera (UIF), expone una trama que mezcla dinero en dólares, donaciones inexplicables, conexiones familiares y un organismo de control que parece más preocupado por castigar al mensajero que por investigar el mensaje.

El hecho es preciso y grave: un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), emitido el 30 de julio de 2025 por un banco de primera línea, alertó sobre movimientos por US$800.000 vinculados a Zefico SA, una firma creada en 2021 por Pablo Costa, amigo de la familia Caputo, y que hasta enero de 2024 era una cáscara vacía. Justo con la asunción de Milei, Zefico registró como único empleado a Santiago Caputo, sin cargo formal en el Estado, pero con una influencia política que excede ministerios y presupuestos.

Entre abril y junio de este año, Zefico recibió dos transferencias de US$400.000 cada una, enviadas por Lucas y María Costa, hijos de Pablo. La justificación oficial: una “donación” del padre, que dijo haber recibido el dinero como regalo de su madre, María. Pero hay un problema: la declaración jurada de María Costa en 2021 consignaba patrimonio cero. Ninguna constancia de que hubiera amasado US$1,5 millones. El banco no compró el relato y activó el ROS.

El dinero entró como un “mutuo” y se escurrió hacia Netafim Argentina SA y Tonka SA, dos firmas sin relación evidente con Zefico. Para cualquier analista antilavado, la operación huele a manual de triangulación.

La reacción de la UIF es la parte más inquietante de esta historia. Bajo la conducción de Paul Starc, nombrado en abril de 2025 por recomendación directa de Caputo, el organismo decidió concentrar sus energías no en seguir el rastro del dinero, sino en cazar al responsable de la filtración del ROS. El 13 de agosto de 2025, Starc denunció penalmente ante el fiscal Carlos Stornelli a posibles responsables del banco, invocando el artículo 22 de la Ley 25.246 y los artículos 156 y 157 bis del Código Penal. También pidió citar a Pablo Costa y actuar como querellante, aunque sus facultades para hacerlo fueron reducidas por el Decreto 274/2025, que desde abril limita a la UIF en causas de lavado y corrupción. Mientras tanto, sobre el contenido del ROS, silencio absoluto.

Las conexiones familiares y societarias completan un cuadro que roza la autoprotección institucional. La escribana Inés Caputo, tía de Santiago, certificó las donaciones. Zefico SA tiene domicilio en la misma dirección que la escribanía de los Caputo en Avenida Santa Fe 1385. Y el escribano José Domingo Mangone, que la constituyó, también fue pieza clave en el armado de Anker, la consultora del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del Banco Central Santiago Bausili.

Caputo ya había asegurado su control sobre la UIF en enero, reemplazando a Ignacio Yacobucci por Starc y proponiendo como vicepresidente a Santiago González Rodríguez, un abogado sin experiencia en la lucha contra el lavado, según publicó La Nación.

El pasado de Caputo tampoco ayuda a desactivar las sospechas: en noviembre de 2024 fue sobreseído por el juez Julián Ercolini en una causa por presunta filtración de información vinculada a K2 Integrity, tras un dictamen fiscal que descartó el delito. Un antecedente donde también se habló de operaciones internas para desactivar un proceso judicial incómodo.

En este escenario, la pregunta deja de ser retórica: ¿la UIF está para combatir el lavado de activos o para blindar a los socios estratégicos del Presidente?

La permanencia de Caputo en su rol, sin explicaciones públicas ni apartamiento preventivo, es una elección política del gobierno de Milei. Y es un costo altísimo. Mantener en el círculo íntimo a un asesor bajo sospecha erosiona cualquier pretensión de autoridad moral. Caputo, al aferrarse al cargo, se convierte en símbolo de esa impunidad selectiva que el libertarismo juraba combatir.

No son opiniones sueltas: elDiarioAR advirtió sobre el debilitamiento de la UIF; Infobae alertó por el riesgo de sanciones internacionales del GAFI y el Grupo Egmont. En un país con instituciones frágiles, donde la confianza pública se rompe con un susurro y cuesta décadas reconstruirla, la negativa del gobierno a enfrentar el escándalo de Zefico SA -y la decisión de Caputo de no dar un paso al costado- podría sellar un daño irreparable para la credibilidad de Milei. La promesa de combatir la opacidad, si no empieza por casa, no es más que marketing político con fecha de vencimiento.

Ricardo Raúl Benedetti

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Fuentes:
La Nación, 13/08/2025; Infobae, 13/08/2025; Clarín, 07/11/2024 y 17/01/2025; elDiarioAR, 17/04/2025; La Nación, 2024; Informe Digital, 13/08/2025.