Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, está en el ojo del huracán por una denuncia que lo vincula con maniobras que habrían favorecido a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), mercado donde figura su primo Nicolás “Nicky” Caputo. La presentación judicial, a cargo de la fundación Arco Social, fue radicada en el Juzgado Federal N° 8 y cuestiona un aumento de volumen operativo de la acción de ByMA semanas antes de un decreto que habilitó la distribución de 120.000 millones de pesos en dividendos.

Una maniobra que apesta a favor privado

La denuncia, firmada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, señala como imputados a Luis Caputo; Nicolás Caputo (fundador y exvicepresidente de ByMA); Ernesto Allaria (presidente del mercado); Marcelo Mindlin (accionista); Mariano de Los Heros (titular de ANSES) y Fernando Bearzi (subdirector del FGS). Se describen posibles delitos que van desde uso de información privilegiada y manipulación del mercado hasta defraudación contra la administración pública y violación de deberes de funcionario.

En el centro de la operación aparece el Decreto 1146/2024, publicado el 31 de diciembre de 2024, que derogó limitaciones que impedían distribuir dividendos desde 1974 y liberó recursos por 120.000 millones para quienes controlan la Caja de Valores (entidad vinculada a ByMA). El anuncio tuvo efecto inmediato en el precio: las acciones subieron un 14,5% el primer día hábil y un 50% en mes y medio.

Lo que alimenta la sospecha no es sólo el salto de precio sino el volumen: entre mediados de noviembre y fines de diciembre de 2024 el volumen operado diario de ByMA pasó de 1,26 millones a 7,91 millones —un incremento reportado del orden del 527%—, muy por encima del comportamiento del Merval en ese lapso. Eso es lo que convierte una operación por decreto en un posible festín con información privilegiada.

ByMA: estructura opaca, círculo cerrado

ByMA nació en 2016 y hoy es el mercado operativo principal en la plaza argentina. Su composición accionaria muestra partidas visibles (Bolsa, retail, extranjeros, directorio) y un bloque de “otros” (≈38,7%) que la comunicación pública no desagrega con claridad; ahí se ubicaría la sospecha sobre actores vinculados a Nicky Caputo, Allaria y Mindlin. La falta de transparencia en la titularidad complica reconstruir cómo se movió cada actor antes del decreto.

El vínculo familiar entre Luis y Nicolás Caputo —y la trayectoria compartida en círculos financieros— configura, en términos prácticos, un conflicto de intereses que exige pruebas y explicaciones públicas. No es una hipótesis menor: es el esqueleto político del escándalo.

Reguladores, rumores y la CNV en la mira

La Comisión Nacional de Valores, presidida por Roberto Silva, recibió cuestionamientos por no activar mecanismos de control ante subas abruptas. En los mercados, cuando un papel sube de forma anómala se suelen activar controles —“llamados a plaza”, investigaciones internas, solicitudes de aclaración—; en este episodio esos resortes no se dispararon con la rapidez que muchos esperaban.

Circularon además versiones (aún sin pruebas documentales públicas) que ubican a directivos de la CNV en conversaciones fuera de agenda —por ejemplo, durante viajes internacionales— que habrían adelantado información. Esos rumores están en la prensa, pero todavía carecen de confirmación judicial o documental sólida; por eso la Justicia pidió a la CNV informes sobre sumarios internos y registros de operaciones para identificar compradores y vendedores.

El FGS, ANSES y los jubilados: ¿quién pagó la cuenta?

Las sospechas se agravan si se comprueba que el FGS o ANSES vendieron posiciones antes del anuncio, lo que explicaría la disponibilidad de bloques grandes a precios bajos. Si el fondo previsional —administrador del ahorro jubilatorio— fue parte del armado, estaríamos ante una defraudación al patrimonio colectivo: no es sólo una estafa bursátil, es un saqueo con rostro técnico. Varios medios han consignado que la investigación apunta a esos posibles movimientos.

Reacción política y el denunciante que no afloja

En el Congreso, la respuesta fue rápida: los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón presentaron el 16 de enero de 2025 un pedido para citar a Caputo, De Los Heros, Bearzi y Silva y exigir explicaciones pormenorizadas sobre la elaboración y efectos del decreto. La iniciativa parlamentaria busca luz sobre procedimientos, transparencia y mecanismos para evitar conflictos de interés.

El denunciante, Alejandro Díaz Pascual (Arco Social), ya tiene antecedentes en causas por presuntas irregularidades y no es un actor casual: su historial de denuncias le da peso y persistencia a la acusación.

Caputo, por su parte, se puso a disposición de la Justicia el 7 de enero y designó defensa (Matías Cúneo Libarona), lo que fue cubierto por la prensa y tomado como un movimiento procesal inevitable —pero también señalado por críticos como una señal de intento de blindaje.

La gran pregunta: ¿quién se quedó con los 120.000 millones?

La investigación está en etapas iniciales, pero los ejes son nítidos: decreto que libera dividendos, suba brusca de precio, volumen anómalo de operaciones y actores con la llave de la Caja de Valores. Si la Justicia prueba que hubo información privilegiada o ventas previas desde fondos públicos, no será sólo un escándalo de nombres: será la confirmación de que la promesa de Milei de atacar “la casta” se quedó en un eslogan mientras los beneficios vuelven a concentrarse en un círculo.

Mientras tanto, la pregunta que retumba en los despachos y en las gradas es simple y brutal: ¿quién se llevó los 120.000 millones? La obligación de la Justicia es contestarla sin indulgencias.

El episodio ByMA no es una disputa técnica: es la radiografía de una convivencia peligrosa entre poder político, familia y mercados. Cuando la política abre la puerta para que la plaza financiera haga negocios a la carta, la democracia pierde —en silencio, por goteo— parte de su sustancia. El relato del gobierno que vino a “sacudir la casta” choca ahora con la realidad: el poder se recicla, las viejas redes encuentran nuevos atajos y el Estado termina siendo la caja registradora de quien tiene las llaves. Exigir una investigación completa no es un capricho: es defender lo público frente a la usura de los privados.

Ricardo Raúl Benedetti

Fuentes:

Boletín Oficial – Decreto 1146/2024 (31/12/2024)

La Política Online – “Denuncia penal contra Caputo por el decreto que favoreció a ByMA”

El Cronista – “La CNV bajo presión por operaciones en ByMA tras el decreto de Caputo”

Perfil – “Diputados piden citar a Caputo por maniobra en la Bolsa”

Parlamentario – “Fein y Paulón exigen explicaciones sobre el decreto 1146/24”

Página/12 – “La denuncia contra Caputo y el FGS por maniobras en la Bolsa”

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