Buenos Aires, 27 de enero de 2026

En el Congreso argentino, la austeridad suele proclamarse como virtud y practicarse como excepción. Entre discursos de ajuste y gestos performáticos de sobriedad, el debate sobre los asesores legislativos dejó de ser una discusión administrativa: se convirtió en un síntoma profundo de cómo funciona el poder cuando cree que nadie lo mira con atención.

Los números están disponibles. Y, a diferencia de los discursos, no se contradicen.

Según nóminas oficiales y relevamientos periodísticos actualizados a comienzos de 2026, el Senado de la Nación cuenta con alrededor de 800 asesores para sus 72 miembros, un promedio cercano a 11 por senador, con antecedentes recientes que superaron largamente esa cifra. En la Cámara de Diputados, el esquema es similar: aproximadamente 950 asesores para 257 legisladores. Los datos surgen de informes de Chequeado, Bloomberg Línea, medios provinciales y registros administrativos públicos.

El problema no es solo cuántos son.

El problema es qué representan.

El costo real de una política inflada

Si se consideran las escalas salariales vigentes del personal legislativo, el costo anual en salarios directos de los asesores del Senado supera los 18.000 millones de pesos, sin incluir cargas patronales, aportes jubilatorios ni adicionales habituales —desarraigo, gastos de representación, suplementos funcionales— que elevan significativamente el gasto final.

En su conjunto, la estructura operativa del Senado, incluyendo asesores, personal administrativo y autoridades, demanda cerca de 146.000 millones de pesos anuales, de acuerdo con el Presupuesto 2026 y ejecuciones recientes. No es una cifra marginal, aun en un país cuyo gasto público consolidado ronda los 148 billones.

Reducir este debate a una planilla contable sería un error. El núcleo del problema es político, cultural e institucional.

Asesores que no asesoran

En la práctica, una porción relevante de estos cargos no responde a necesidades técnicas vinculadas a la elaboración legislativa. Investigaciones periodísticas y estudios académicos coinciden en describir un patrón persistente: muchos asesores funcionan como premios de lealtad partidaria, herramientas de armado territorial, mecanismos de contención interna o, en los casos más sensibles, extensiones patrimoniales de los propios legisladores.

No se trata de percepciones aisladas. Informes del Banco Interamericano de Desarrollo y universidades latinoamericanas advierten que la falta de reglas estrictas y controles efectivos en los parlamentos convierte estos cargos en moneda de intercambio político, debilitando la calidad institucional y erosionando la confianza ciudadana.

El escándalo administrado

La polémica se intensificó entre 2025 y 2026. En redes sociales circularon nóminas, capturas oficiales y denuncias que apuntaron, con nombres y apellidos, a senadores de Unión por la Patria con estructuras que superan ampliamente el promedio. Casos como los de José Mayans, Carolina Moisés o Jorge Capitanich —este último señalado por incorporar familiares a su equipo— concentraron la indignación pública.

Todo ocurrió en un contexto de ajuste fiscal, donde cada peso del Estado es objeto de escrutinio retórico. Pero la lupa no se movió de manera pareja.

Ahí emerge la pregunta que incomoda al poder:

¿por qué algunas prácticas despiertan furia moral inmediata mientras otras atraviesan el debate casi en silencio?

La doble vara del poder

Mientras el foco se concentraba casi exclusivamente en el peronismo, el bloque de La Libertad Avanza, que edificó su identidad política sobre la denuncia de la “casta”, transitó el debate con un nivel de escrutinio notablemente menor.

En 2024, con apenas seis senadores, LLA administraba cerca de 90 asesores, con un costo mensual estimado superior a los 100 millones de pesos, lo que proyectado anualmente superó los 1.200 millones en 2025. Parte de esas estructuras —según nóminas difundidas por medios y organizaciones de monitoreo— incluyen vínculos personales y familiares.

No se trata de establecer competencias de inmoralidad.

Se trata de algo más grave: el mismo sistema es tolerado o condenado según quién lo administre.

Ajuste discursivo, continuidad estructural

El Presupuesto 2026 asignó al Poder Legislativo alrededor de 400.000 millones de pesos, equivalentes al 0,3% del total nacional. Aunque el aumento nominal fue del 9,8%, la inflación implicó una caída real cercana al 10%. Aun así, el gasto en estructuras políticas internas permanece virtualmente intacto.

Es aquí donde el debate abandona la abstracción y se vuelve tangible.

Lo que el Estado decide no hacer

Los 146.000 millones de pesos que insume el funcionamiento del Senado —asesores incluidos— representan apenas el 0,1% del presupuesto nacional. Pero en un país atravesado por carencias estructurales, esa fracción podría alterar realidades concretas.

Con estimaciones conservadoras, ajustadas por inflación 2025–2026, esos recursos permitirían:

Construir cerca de 50 hospitales modulares de emergencia,
Levantar más de 280 escuelas nuevas,
Repavimentar más de 2.400 cuadras urbanas,
O iluminar con tecnología LED decenas de miles de cuadras, reduciendo costos energéticos e inseguridad.

No es retórica distributiva.

Es una comparación directa entre lo que se financia y lo que se posterga.

Fondos partidarios y una duplicación silenciosa

La Ley 26.215 distribuye el Fondo Partidario Permanente, que en 2025 superó los 400 millones de pesos, destinado al funcionamiento institucional de los partidos: formación, investigación, campañas y capacitación de dirigentes. Es dinero público, asignado en función del respaldo electoral.

Sin embargo, esos recursos no se articulan de manera eficiente con las tareas legislativas, generando una superposición de gastos que ningún gobierno —ni oficialista ni opositor— ha tenido voluntad real de revisar.

Organizaciones como CIPPEC señalan que una integración más racional entre fondos partidarios y trabajo parlamentario permitiría ahorros sustanciales y mejores estándares de transparencia. Pero ese debate exige tocar intereses. Y el sistema político argentino rara vez avanza cuando el costo es interno.

Mirar otros parlamentos, entender el atraso

En países como Suecia, Alemania, Dinamarca u Holanda, los parlamentos funcionan con equipos técnicos colectivos por bloque, financiados según representación electoral. No existen ejércitos de asesores personales. El modelo reduce costos, fomenta cooperación y limita el uso discrecional del Estado como botín partidario.

No es una utopía escandinava.

Es institucionalidad básica.

El problema no tiene color político

El derroche de asesores no pertenece a un partido, ni a una ideología, ni a una coyuntura. Es un vicio estructural, sostenido por una hipocresía transversal que se activa contra el adversario y se silencia frente al propio reflejo.

El periodismo no está para administrar conveniencias.

Está para nombrar lo que incomoda, incluso cuando incomoda a todos.

Mientras la indignación siga siendo selectiva, el sistema seguirá intacto.

Y el ciudadano, una vez más, seguirá financiando una política que predica austeridad y practica privilegio.

La transparencia no fracasa por falta de diagnósticos.

Fracasa cuando quienes gobiernan —y quienes prometen reemplazarlos— deciden no mirarse al espejo.

Ricardo Raúl Benedetti

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