El anuncio del 21 de abril no fue un gesto técnico ni un ajuste administrativo. El gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una reforma electoral que elimina las PASO, recorta el financiamiento público, endurece las condiciones de supervivencia de los partidos e incorpora nuevas reglas sobre cómo se vota y cómo circula el dinero en la política. En la superficie, el argumento es conocido: reducir el gasto y terminar con los privilegios de una dirigencia desacreditada. Pero quedarse en esa lectura es no entender la dimensión real del movimiento. No se trata solo de ajustar. Se trata de rediseñar el sistema. Y en política, cambiar las reglas nunca es inocente, y menos cuando se hace desde el poder.
La eliminación de las primarias no es un detalle. Es el eje. Para entenderlo en términos simples: las PASO permiten que los partidos y las alianzas definan sus candidatos en una elección abierta, donde vota la sociedad. Sin ese mecanismo, esa competencia desaparece. Y lo que antes se resolvía con votos ahora queda en manos de acuerdos internos, negociaciones de cúpula o directamente se traduce en rupturas. El resultado no es incierto. Es previsible. Donde antes había una lista unificada, habrá varias. Donde había una instancia de ordenamiento, habrá dispersión. Y frente a eso, el oficialismo corre con ventaja, no por mérito sino por estructura: su funcionamiento es vertical, su liderazgo está concentrado y sus decisiones no dependen de internas competitivas. La eliminación de las PASO no “podría” fragmentar a la oposición. Apunta directamente a eso.
Porque si algo deja en claro este proceso es que el poder no es difuso. La cara visible de la reforma es Javier Milei, pero el comando político del gobierno responde a otra lógica, más cerrada y más precisa, donde Karina Milei ocupa el centro de gravedad. Ahí se ordena la estrategia, se define el ritmo y se establecen los límites. Pensar la reforma sin esa arquitectura de poder es analizar apenas la mitad del problema.
Ahora bien, la reforma no se queda en eliminar las PASO. También cambia la forma en que se vota. El proyecto avanza hacia un sistema de boleta única —es decir, una sola papeleta donde aparecen todos los candidatos— e incorpora un elemento nuevo que puede tener impacto directo en el resultado: el llamado “casillero de lista completa”. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que el votante puede marcar una sola opción y, con ese gesto, elegir a todos los candidatos de ese espacio en las distintas categorías. Dicho más simple: un solo voto puede “arrastrar” a toda la lista.
Ese mecanismo, que puede parecer una simplificación del acto electoral, tiene implicancias políticas claras. En sistemas donde hay figuras muy fuertes —como ocurre hoy con el oficialismo a nivel presidencial— ese arrastre puede potenciar a candidatos más débiles en niveles inferiores. Es decir, permite compensar la falta de estructura territorial con la fuerza de una figura central. No es una irregularidad ni una anomalía: es diseño electoral. Pero como todo diseño, genera efectos. Y uno de ellos es que quien domina la escena nacional puede proyectar ese dominio hacia abajo, incluso donde su presencia política es más débil.
Ahí aparece un segundo impacto, menos visible pero igual de relevante. Si las elecciones nacionales coinciden con las provinciales, ese arrastre puede beneficiar también a gobernadores o candidatos locales que se alineen con el oficialismo. Es decir, no solo se redefine la competencia entre partidos, sino también los incentivos para construir alianzas. La política no cambia solo por discursos. Cambia cuando cambian las reglas. Y en este caso, las reglas empiezan a empujar en una dirección clara: alinearse tiene premio; competir en soledad, costo.
Al mismo tiempo, el proyecto incorpora elementos que, en términos técnicos, buscan mayor control y transparencia: más trazabilidad del financiamiento, restricciones a aportes irregulares y un intento explícito de desarmar los llamados “sellos de goma”, esas estructuras sin vida real que aparecen y desaparecen según la conveniencia electoral. Ese diagnóstico no es falso. El sistema argentino arrastra hace años un problema de fragmentación artificial y baja calidad institucional en la oferta partidaria.
Pero incluso ahí aparece una tensión. Porque la reforma endurece requisitos, reduce recursos y eleva barreras de entrada sin diferenciar del todo entre partidos con arraigo real y estructuras circunstanciales. Es decir: ajusta, pero no ordena completamente. En ese punto surge una discusión que el texto oficial evita, pero que en ámbitos técnicos gana cada vez más peso: cómo medir no solo la capacidad electoral de un partido, sino su existencia concreta en la sociedad.
La lógica es simple, pero no superficial. Los votos reflejan cuánta gente acompaña una propuesta el día de la elección. Los afiliados, en cambio, muestran cuánta gente está dispuesta a sostener esa idea en el tiempo, a militarla, organizarla y darle continuidad. Dicho de otro modo: el voto es adhesión momentánea; la afiliación es compromiso estructural. Un partido que solo acumula votos puede ser una ola. Un partido que construye afiliados es una organización. Si el sistema solo premia lo primero, termina incentivando fenómenos pasajeros, dependientes de la visibilidad o del financiamiento. Si incorpora lo segundo, obliga a construir base, territorio y pertenencia. No es un tecnicismo: es una definición sobre qué tipo de política se quiere fomentar.
En ese punto aparece una de las contradicciones más evidentes del proceso. La Libertad Avanza creció utilizando estructuras prestadas, sellos existentes y acuerdos circunstanciales. No es una opinión, es un dato verificable. Ese mismo ecosistema que le permitió expandirse es el que ahora busca restringir. Y ahí la tensión deja de ser teórica para volverse política: si las reglas cambian después de haber llegado, la pregunta no es solo qué se corrige, sino a quién se le cierra la puerta.
El Congreso será el escenario formal de esta discusión, pero no el único. Los gobernadores juegan su propio partido. Manejan legisladores, necesitan recursos y operan bajo una presión fiscal creciente. En ese contexto, los adelantos de coparticipación que el Ejecutivo ya habilitó no son un dato administrativo más: son parte de la negociación. Pero ahora hay algo más: el propio diseño electoral puede favorecer a quienes se alineen con el poder central. Es decir, no solo se negocia con recursos. También con expectativas de rendimiento electoral. La política, en su versión más realista, funciona así.
Todo esto ocurre sobre un sistema político que ya viene debilitado. La confianza en los partidos está en niveles históricamente bajos, algo que registran de manera consistente estudios como Latinobarómetro. Pero ese diagnóstico no justifica cualquier solución. Debilitar aún más a los partidos no corrige el problema: lo agrava. Cuando las estructuras partidarias pierden densidad, lo que emerge no es una política más transparente, sino más personalista, más dependiente de liderazgos individuales y, muchas veces, más permeable a intereses que operan por fuera de cualquier control institucional.
Mientras tanto, la sociedad está en otra frecuencia. La discusión sobre reglas electorales convive con una preocupación mucho más inmediata: la economía cotidiana. La inflación, el deterioro del ingreso y la incertidumbre marcan la agenda real de la mayoría. Esa desconexión no vuelve irrelevante el debate institucional; lo vuelve más riesgoso. Porque permite que cambios profundos avancen sin un escrutinio social proporcional a su impacto. Mientras la política redefine las reglas del juego, buena parte de la sociedad está tratando simplemente de seguir en pie.
El punto de fondo es este: eliminar financiamiento sin exigir desarrollo interno no limpia el sistema, lo filtra. Y cuando el filtro es económico, el resultado es previsible: menos actores, más concentración. Sobreviven los que ya tienen recursos, visibilidad o acceso al poder. Los demás quedan fuera antes de competir. Eso no es modernización. Es selección.
Una advertencia sobre la calidad democrática
Una república no se define solo por la cantidad de votos que produce en una elección, sino por la calidad de las estructuras que los canalizan entre una elección y otra. Si la reforma avanza en los términos planteados, el sistema puede volverse más austero, incluso más ordenado en apariencia. Pero también más excluyente, más concentrado y menos representativo.
Y cuando la competencia se reduce, la democracia no se fortalece: se debilita.
Y cuando se debilita, el poder deja de disputarse… y empieza a repartirse.
Después, casi siempre, es tarde para reaccionar.
Ricardo Raúl Benedetti
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