Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada prometió dinamitar la casta. Dos años y medio después, el método no es la demolición: es la administración. Más de 110 pliegos enviados al Senado en tandas exprés —la última, 30 nombres el 24 de abril— con un argumento técnico indiscutible —cubrir parte de las 364 vacantes que asfixian al Poder Judicial, cerca del 36% de los cargos— y una ejecución política imposible de disimular. Al frente está Juan Bautista Mahiques. Y su llegada no fue un cambio más: fue el punto de inflexión.
Hasta febrero, el kirchnerismo bloqueaba la Comisión de Acuerdos. No bajaba. No negociaba. No había número. Mahiques asumió el 4 de marzo y, en cuestión de días, los senadores aparecieron. Del lado del oficialismo pasó algo igual de revelador: negociaciones con gobernadores que estaban congeladas volvieron a activarse. Nadie firmó nada. Nadie lo explicó. Pero la comisión, presidida por Juan Carlos Pagotto, empezó a funcionar, habilitó los pliegos y ya tiene audiencias hasta el 14 de mayo con la mira puesta en votar antes de fin de mes. En política, cuando todo se destraba al mismo tiempo, no es casualidad.
La lista de nombres no es neutra. Nunca lo es. Pero esta vez tampoco intenta parecerlo. Está Juan Manuel Mejuto, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, firmante en 2013 de “Justicia Legítima” junto a Alejandra Gils Carbó, cuestionando a la “corporación judicial”. Hoy lo impulsa un gobierno que construyó su identidad en oposición a ese espacio, sin explicación, sin transición, sin relato. Está Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el caso $LIBRA que involucra a Javier y Karina Milei; su pliego es para el Juzgado Federal de Hurlingham y en Comodoro Py ese tipo de decisiones no se leen en abstracto. Está Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro, pidiendo una prórroga de cinco años antes de cumplir 75, con audiencia el 16 de abril y dictamen favorable dentro del mismo paquete. Está el hijo de Horacio Rosatti. Hay secretarias de jueces como Julián Ercolini. Hay perfiles con vínculos históricos con el peronismo.
Fue a partir de una serie de tuits del periodista Ignacio Ortelli —publicados el 25 de abril— donde este patrón empezó a verse con mayor nitidez: nombres que, tomados por separado, podían parecer casos aislados, pero que puestos en conjunto dibujan una lógica. Ángeles Ramos, impulsada como fiscal general en lo Penal Económico, con antecedentes en actos junto a Gils Carbó y participación en el juicio político contra la Corte. Santiago Vismara, también firmante de aquella solicitada de 2013. La acumulación ya no permite mirar cada pliego como una excepción.
En tribunales, estos movimientos no se leen como anécdotas. Se leen como señales. Y cuando las señales se acumulan, dejan de ser coincidencias. La familia judicial no se esconde: se ordena.
Acá aparece la parte que nadie firma. No hay actas, no hay fotos, no hay acuerdos escritos. Pero hay sincronía. El Gobierno necesita votos —o al menos abstenciones— para que los pliegos pasen en un Senado fragmentado. Unión por la Patria necesita volver a tener una mesa de negociación. En ese cruce, fuentes judiciales y parlamentarias describen un clima que se repite en distintos despachos: los nombramientos no se miran solo como cobertura de vacantes, sino como parte de una negociación más amplia donde lo que está en juego no siempre se dice en voz alta. No es un toma y daca explícito. Es algo más sutil —y más frecuente en la política argentina—: administración de tiempos, de climas y de tensiones. En expedientes sensibles, eso no es menor. En Comodoro Py no hablan de órdenes. Hablan de contexto. Y el contexto, muchas veces, define la velocidad de las causas.
Juan Bautista Mahiques no es un outsider. Es, justamente, lo contrario. Hijo de Coco. Hermano de Ignacio Mahiques, fiscal en causas contra Cristina Kirchner. Hermano de Esteban Mahiques, hoy jefe de su Gabinete. Fue pieza clave en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo, impulsó ternas, tejió vínculos, conoce el sistema desde adentro. Su llegada no marca una ruptura con la casta judicial. Marca su reorganización.
El Gobierno gana gobernabilidad judicial: pliegos que avanzan y un ecosistema menos hostil en causas propias. El kirchnerismo recupera poder de negociación y capacidad de incidencia en futuras designaciones. La Justicia completa vacantes. Pero el modo en que se completan también define qué Justicia se construye. Organizaciones como ACIJ e INECIP vienen advirtiendo sobre el riesgo: cuando la urgencia política ordena los nombramientos, la independencia deja de ser una regla y pasa a ser una variable.
Milei prometió una Justicia distinta: más rápida, más confiable, más cercana. Lo que empieza a tomar forma es otra cosa. La promesa era terminar con el acomodo, los favores y el toma y daca. El resultado, por ahora, es otro reparto —con otros nombres, pero bajo la misma lógica. No era una ruptura. Era un reemplazo. Y cuando el reemplazo copia al sistema que prometía destruir, lo que se rompe no es el discurso. Es la confianza. Es la credibilidad.
Ricardo Raúl Benedetti
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