La Casa Rosada negocia en el Congreso y la Magistratura un esquema que dejaría sin cubrir las cuatro vacantes y replicaría la lógica en la Cámara de Casación Penal.

La reconfiguración del Poder Judicial que impulsa el Gobierno de Javier Milei contempla recortar de 12 a 8 los juzgados federales que funcionan en Comodoro Py, dejando sin ocupar los cuatro lugares que hoy están libres.

El esquema replicaría la lógica que la administración nacional pretende aplicar a la Cámara Federal de Casación Penal, donde también hay cuatro asientos vacíos con concursos avanzados.

Allí el plan oficial es no completarlos y achicar el cuerpo de 13 a 9 magistrados.

La caída en el ingreso de causas
Según pudo saber La Nación a partir de fuentes que siguen de cerca las tratativas en el Parlamento y en el Consejo de la Magistratura, el cambio excede el costado aritmético o la búsqueda de eficiencia: en el fondo, lo que está en juego es una nueva repartija del poder dentro del fuero.

La caída en el ingreso de causas
El primer fundamento que se esgrime para achicar los juzgados de Comodoro Py es el descenso en la cantidad de expedientes que se tramitan.

Los magistrados federales con asiento en Capital tienen competencia sobre hechos de corrupción que involucran a funcionarios del Estado, además de delitos vinculados al narcotráfico, la trata, el terrorismo y el lavado de dinero.

Los datos oficiales que difunde la Corte Suprema indican que la Cámara Federal recibe 1602 causas anuales, lo que arroja un promedio cercano a 70 mensuales por sala.

En primera instancia, los expedientes activos rondan el centenar por cada despacho. El desbalance se vuelve más notorio al observar que ciertos juzgados cuentan con plantillas de personal que cuadruplican las de otros tribunales.

El origen del esquema actual
El otro eje pasa por cómo se reparte la autoridad entre los magistrados de primera instancia. Hasta los noventa había seis jueces federales, pero las pesquisas de corrupción durante la gestión de Carlos Menem motorizaron una transformación tendiente a quitarles peso.

Aquella administración llevó la cantidad de juzgados de 6 a 12, designó nuevos magistrados de su entorno y promovió a los jueces históricos al rango de camaristas.

A ese grupo se lo bautizó «los jueces de la servilleta», apodo que se popularizó porque, según denunció en su momento Domingo Cavallo, los nombres habrían sido garabateados por el exministro Carlos Corach sobre una servilleta en un bar.

Los magistrados que sobreviven
En la actualidad, hay cuatro casilleros sin ocupar entre los juzgados federales. Continúan en funciones María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.

Aun cuando el Consejo de la Magistratura tiene en curso los procesos de selección para llenar esos puestos, dentro del Gobierno empezó a tomar fuerza la idea de mantener el cuadro tal como está hoy.

La maniobra implicaría retocar la ley orgánica que regula la justicia federal y modificar el número de juzgados.

El juego en solitario y las alianzas internas

Los 8 jueces activos se manejan de manera prácticamente independiente. Quedó lejos la etapa en la que Ariel Lijo oficiaba como articulador del grupo.

Tras quedar en el camino su postulación a la Corte, Lijo retomó la actividad en su juzgado, donde acumula el grueso de las causas por corrupción que tocan a la administración Milei.

El más alineado con Lijo es Marcelo Martínez de Giorgi. Sebastián Ramos y Capuchetti se manejan con autonomía, al igual que María Servini, quien a sus 89 años continúa firmando resoluciones.

A esto se suma que Daniel Rafecas evalúa abandonar su despacho para sumarse a la Cámara Nacional de Casación Penal: compitió y se ubicó primero en el concurso, por lo que su deseo es cerrar su trayectoria como camarista, según indicaron a La Nación allegados al juez.

La reconfiguración de la Cámara Federal
El Ejecutivo también está trabajando en rediseñar la Cámara Federal. La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura ya votó las ternas para suceder a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados hace una década.

La voluntad oficial es enviar el pliego de Pablo Yadarola, magistrado del fuero penal económico cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El restante asiento libre sería el que deje Martín Irurzun el 18 de julio, cuando cumpla 75 años. La Casa Rosada no remitió al Senado la solicitud para extender su designación, por lo que los plazos no alcanzarían para revalidarlo, indicaron a LA NACION fuentes al tanto del proceso.

De ese modo, se abriría un tercer hueco en el tribunal, vacancia con la que el oficialismo cuenta para terminar de moldear el Poder Judicial a su medida.

Fuente: mdzol.com

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