El brutal crimen de la adolescente cordobesa volvió a poner sobre la mesa una pregunta que Argentina lleva más de una década sin responder. Mientras unos construyeron burocracias, ministerios y relatos ideológicos, otros creen que alcanza con desarmarlos. Los femicidios siguen ahí.

El asesinato de Agostina Vega volvió a sacudir a la Argentina.

La adolescente cordobesa de 14 años desapareció el 23 de mayo y una semana después fue hallada asesinada en un descampado de la ciudad de Córdoba. La investigación apunta a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, expareja de su madre y persona de confianza del entorno familiar. La autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia mecánica y la fiscalía investiga además posibles abusos sexuales y la participación de terceros.

La conmoción fue inmediata.

También lo fue la reacción política.

La marcha de Ni Una Menos del 3 de junio encontró en el caso de Agostina un nuevo símbolo de una tragedia que lleva años golpeando a la sociedad argentina. Pero detrás de la indignación legítima reapareció una discusión mucho más profunda: ¿qué políticas funcionan realmente para reducir los femicidios?

Después de más de una década de debates, ministerios, presupuestos multimillonarios, campañas, observatorios, recortes y guerras culturales, la respuesta sigue siendo sorprendentemente difusa.

Y quizás el primer paso para encontrarla sea admitir algo que ni el kirchnerismo ni el mileísmo parecen dispuestos a reconocer: ninguno logró resolver el problema.

Los datos oficiales son un buen punto de partida.

Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, entre 2014 y 2023 se registraron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio en el país. La tasa se mantuvo relativamente estable durante toda la década, oscilando entre 0,96 y 1,14 víctimas cada 100.000 mujeres.

En 2019 se alcanzó uno de los picos de la serie, con alrededor de 260 víctimas directas. En 2023 la cifra volvió a ubicarse cerca de las 250. El promedio anual ronda las 245 mujeres asesinadas por razones de género.

La conclusión es difícil de discutir.

Durante los años en que más crecieron los presupuestos, las estructuras y los organismos especializados, los femicidios no mostraron una reducción sostenida.

Y esa realidad obliga a revisar algunas certezas instaladas.

Nunca creí que el Ministerio de las Mujeres fuera la solución.

Lo vi transformarse, año tras año, en una estructura cada vez más burocrática, más ideologizada y más identificada con un proyecto político determinado. Mientras los cargos crecían, los presupuestos crecían y los discursos crecían, los femicidios seguían prácticamente en el mismo lugar.

Durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández se fortaleció la Línea 144, se creó el Programa Acompañar, se ampliaron partidas presupuestarias específicas y finalmente se elevó el área al rango ministerial.

El Programa Acompañar alcanzó a más de 360.000 beneficiarias. La Línea 144 llegó a recibir más de 38.000 consultas anuales. Los recursos destinados a políticas de género crecieron de manera exponencial. Según estudios de IDESA, algunas partidas vinculadas a violencia de género llegaron a multiplicarse más de veinte veces durante ese período.

Sin embargo, la curva de femicidios permaneció prácticamente estable.

Eso no significa que esos programas no hayan servido para nada.

Sería injusto afirmarlo.

La Línea 144 cumplió un papel importante en asistencia y orientación. El Programa Acompañar permitió que miles de mujeres accedieran a ingresos propios y escaparan de situaciones de dependencia económica. La capacitación judicial y la construcción de registros estadísticos también produjeron mejoras institucionales.

Pero una cosa es ayudar.

Otra muy distinta es resolver.

Y después de una década de expansión estatal, el problema central seguía allí.

Con el tiempo, además, una causa legítima terminó absorbida por la lógica política del kirchnerismo.

Lo que debía ser una bandera transversal comenzó a convertirse en patrimonio de un espacio partidario.

El Ministerio de las Mujeres dejó de ser percibido por amplios sectores de la sociedad como una herramienta pública y pasó a ser visto como una estructura atravesada por militancia, cargos, organizaciones amigas y una fuerte impronta ideológica.

No se trata solamente de una percepción.

La propia exlegisladora Ofelia Fernández cuestionó públicamente el funcionamiento del organismo. La filósofa y referente feminista Diana Maffía llegó a afirmar que «el kirchnerismo se apropió del feminismo y fue perjudicial».

Esa identificación política tuvo consecuencias.

Porque cuando una causa se confunde con un partido, deja de pertenecer a toda la sociedad.

Y cuando eso ocurre, termina generando reacciones que muchas veces fortalecen exactamente aquello que pretendía combatir.

La denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández terminó de profundizar esa fractura.

El golpe simbólico fue devastador.

El presidente que había creado el Ministerio de las Mujeres y colocado la agenda de género en el centro de su discurso terminó denunciado por violencia contra quien había sido su pareja.

La contradicción fue imposible de ignorar.

A eso se sumaron casos como los de José Alperovich o Fernando Espinoza, que alimentaron la percepción de una doble vara por parte de sectores del activismo que parecían mostrar distinta intensidad según la identidad política del acusado.

Todo eso deterioró la credibilidad de una causa que necesitaba exactamente lo contrario.

Pero el fracaso del feminismo de Estado tampoco convierte automáticamente en correcta la respuesta libertaria.

Y aquí aparece el segundo relato.

Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei cuestionó reiteradamente la figura penal del femicidio.

Durante su discurso en Davos afirmó:

«Llegamos al ridículo de pensar que si se mata a una mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre».

Posteriormente, el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que debía eliminarse el agravante porque «ninguna vida vale más que otra».

Comparto la premisa de que todas las vidas valen exactamente lo mismo.

Lo que no comparto es la conclusión.

Porque el agravante no existe para establecer jerarquías humanas sino para reconocer patrones criminales específicos.

Los datos muestran que alrededor del 59% de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas. La enorme mayoría ocurre en ámbitos privados y familiares. La lógica criminal detrás de estos asesinatos es distinta a la de otros homicidios.

Por eso especialistas como Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, y Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, sostienen que eliminar la figura significaría perder herramientas de análisis y prevención sobre una modalidad delictiva concreta.

La experiencia internacional va en la misma dirección.

España, que desde 2004 posee una legislación integral específica, registra tasas cercanas a 0,5 víctimas cada 100.000 mujeres. Chile mantiene cifras similares. Argentina, incluso con la mejora registrada en 2025, continúa por encima de esos niveles.

No se trata de copiar modelos extranjeros.

Se trata de reconocer que existe un fenómeno específico que requiere respuestas específicas.

Los propios informes de la Corte Suprema muestran otra realidad alarmante.

Entre el 15% y el 20% de las víctimas habían realizado denuncias previas contra sus agresores. En aproximadamente una cuarta parte de los casos existían antecedentes de violencia conocidos. En muchos otros había medidas de protección insuficientes, vencidas o incumplidas.

Es decir, una parte significativa de las víctimas ya había sido detectada por el sistema.

El problema no siempre fue identificar el riesgo.

Muchas veces fue actuar eficazmente frente a él.

Y aquí aparece quizás la conclusión más importante de todas.

Durante años el kirchnerismo sostuvo que el problema se resolvería creando ministerios, ampliando estructuras, multiplicando programas y aumentando presupuestos.

Los recursos crecieron.

La burocracia creció.

La militancia vinculada a la agenda de género creció.

Los femicidios permanecieron prácticamente estables.

Ahora el mileísmo parece convencido de la tesis inversa: que el problema era precisamente todo aquello y que alcanza con desmontarlo.

Pero señalar correctamente los errores del modelo anterior no equivale a construir una solución.

Una cosa es demostrar que algo fracasó.

Otra muy distinta es demostrar que uno sabe cómo reemplazarlo.

Según el RNFJA, en 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, una caída del 12,3% respecto de 2024. Es la cifra más baja desde 2017 y coincide con una reducción general de los homicidios dolosos, que alcanzaron mínimos históricos cercanos a 3,6 cada 100.000 habitantes.

Es un dato positivo.

Pero todavía es demasiado temprano para saber si se trata del inicio de una tendencia o de una fluctuación estadística.

Lo que sí sabemos es que el asesinato de Agostina Vega vuelve a recordarnos que el problema sigue existiendo.

Y que después de años de relatos enfrentados, ninguno puede exhibir una solución concluyente.

Uno prometió que los ministerios, los presupuestos crecientes y la perspectiva de género resolverían el problema.

No ocurrió.

El otro parece creer que alcanza con eliminar esas estructuras y cuestionar conceptos jurídicos.

Tampoco hay evidencia de que eso vaya a funcionar.

Mientras tanto, las víctimas siguen apareciendo.

Por eso el femicidio de Agostina Vega trasciende la tragedia individual.

Porque expone el fracaso de dos relatos que llevan años disputándose la verdad absoluta.

Y porque obliga a volver a la única pregunta que realmente importa.

¿Cómo hacemos para que haya menos mujeres asesinadas?

Todo lo demás, por más ruido político que genere, es secundario.

Ricardo Raúl Benedetti