Hay noticias que no necesitan adjetivos. Hablan solas. Hoy, 10 de junio de 2026, se confirmó que Manuel Adorni solicitó su ingreso al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal (27.799). Apenas diez días después de que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, hiciera exactamente lo mismo.
Un matrimonio entero regularizando ante ARCA en tiempo récord. Mientras la Justicia los mira de cerca.
A simple vista, dirán que es un “trámite administrativo”. Pero el timing es tan grosero que ofende la inteligencia de cualquiera. Sucede mientras el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita investigan la evolución patrimonial del matrimonio, los contratos de la consultora +Be y posibles negociaciones incompatibles. Y a días de que Adorni entregue su declaración jurada patrimonial, la que tanto se demoró.
La interpretación mayoritaria de penalistas y tributaristas es clara: la Ley 27.799 juega en el terreno tributario y penal-tributario, pero no toca el enriquecimiento ilícito (art. 268 del Código Penal) ni el lavado de activos. La Justicia sigue teniendo todas las herramientas para exigir: ¿de dónde salió el dinero?
Porque esa sigue siendo la madre de todas las preguntas. No cuánto declararon ante ARCA. No cuánto pagaron de impuestos. Sino el origen real de los fondos que permitieron comprar propiedades en efectivo, refacciones millonarias y un nivel de vida que no cierra con los ingresos declarados.
Para muchos, esta doble movida familiar huele a manotazo de ahogado. Un intento desesperado de ordenar los papeles ante el fisco con la ilusión de que eso les complique la vida a los investigadores. Aunque la ley no les dé blindaje judicial, el mensaje implícito es claro: acá está todo “regularizado”, ahora déjennos en paz.
¿Funcionará? Lo dudo. Pero el cinismo del momento es lo que duele.
Angeletti facturaba como monotributista desde 2017 y recién se dignó inscribirse en IVA y Ganancias en octubre de 2025, cuando su marido ya era uno de los funcionarios más visibles del Gobierno y ambos eran PEP de manual. Adorni, con trayectoria registrada desde 2013, se suma ahora al festival de sinceramiento. Dos regularizaciones tardías, en paralelo, bajo la lupa judicial. Coincidencia, dirán algunos. Patrón familiar, decimos otros.
Y aquí viene la contradicción que nadie puede ignorar. El Gobierno que hizo de la “transparencia” y la “lucha contra la casta” su principal bandera ahora ve cómo uno de sus rostros más conocidos se acoge a una ley que se llama, literalmente, Inocencia Fiscal.
La inocencia es un derecho. La transparencia es una obligación.
La primera te protege hasta que te prueben lo contrario.
La segunda exige que vos mismo muestres las cartas sin que te las pidan.
Cuando se trata de funcionarios o su círculo íntimo, la sociedad no pide inocencia. Pide explicaciones. Y hasta ahora, las explicaciones brillan por su ausencia.
Nada de esto prueba delito. Esa es tarea exclusiva de la Justicia. Pero tampoco borra la imagen: un alto funcionario y su esposa corriendo a regularizar justo cuando más preguntas caen sobre su patrimonio.
Si la Inocencia Fiscal no los salva de tener que explicar el origen de los fondos, ¿para qué tanto apuro en adherirse los dos?
La inocencia fiscal puede resolver una discusión con ARCA.
La transparencia exige resolver una discusión con la sociedad.
Y esa discusión, señores, recién empieza.
Ricardo Raúl Benedetti
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