Una empresa sostiene que podía operar la principal vía de exportaciones del país con una tarifa 17,4% menor que la contemplada por el esquema licitatorio. Si eso es cierto, la discusión ya no es quién ganó la concesión. La discusión es por qué el precio dejó de ser determinante.
Por Ricardo Raúl Benedetti
Hay preguntas que valen millones. Y hay preguntas que valen miles de millones. La que sobrevuela hoy la licitación de la Hidrovía pertenece a la segunda categoría. Una empresa sostiene que podía operar la principal vía navegable de la Argentina con una tarifa 17,4% menor y generar un ahorro superior a US$ 2.500 millones para los usuarios durante la vigencia de la concesión. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué esa diferencia no definió el resultado?
No estamos hablando de una obra menor. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la arteria por la que sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Cada dólar adicional en costos logísticos impacta sobre la competitividad de nuestros productos, sobre el ingreso de divisas y, finalmente, sobre la economía nacional. Por eso la carta enviada por la empresa belga DEME después de perder la preadjudicación merece mucha más atención de la que está recibiendo. Según la compañía, podría operar la vía navegable con una tarifa máxima de US$ 4,77 por tonelada de registro neto, frente a los US$ 5,78 contemplados en la etapa más exigente del esquema licitatorio. De acuerdo con sus cálculos, esa diferencia podría representar un ahorro superior a US$ 2.500 millones a lo largo de los 25 años de concesión.
Por supuesto, DEME no es un actor neutral. Perdió, tiene intereses económicos concretos en juego y sus afirmaciones deben analizarse con el mismo rigor que cualquier planteo realizado por una empresa que cuestiona un resultado. Pero precisamente por eso la respuesta oficial debería ser igual de rigurosa. Porque el punto central no es DEME. El punto central es el diseño de la competencia.
La concesión fue preadjudicada al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Según los resultados difundidos, la diferencia estuvo en la evaluación técnica: el consorcio ganador obtuvo 66,2 puntos frente a los 42,1 de DEME. Al mismo tiempo, ambas empresas presentaron el mismo valor mínimo permitido dentro de las condiciones establecidas por el pliego. Los defensores del proceso sostienen que allí está la explicación. Y puede que tengan razón. Pero si esa es la respuesta, entonces corresponde explicarla en detalle. ¿Por qué la diferencia técnica fue tan amplia? ¿Qué aspectos específicos justificaron esa distancia? ¿Por qué una propuesta que asegura menores costos para los usuarios quedó relegada? Y sobre todo: ¿por qué el esquema licitatorio hizo que el precio dejara de ser la variable decisiva, tal como sostiene la empresa perdedora?
Durante años se nos dijo que uno de los grandes problemas argentinos era la falta de competencia. Que cuando el Estado restringe la puja entre oferentes, los perjudicados terminan siendo los ciudadanos. Que los mercados funcionan mejor cuando las reglas permiten competir. Esa fue, precisamente, una de las principales banderas que llevaron al actual oficialismo al poder. Por eso la controversia excede largamente a esta licitación. Porque si una empresa afirma que las reglas del proceso le impidieron trasladar plenamente una oferta más económica, la contradicción deja de ser técnica y se vuelve política.
A esta discusión se suman las observaciones formuladas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre distintos aspectos del procedimiento, incluyendo cuestionamientos vinculados a requisitos, mecanismos de evaluación y otros elementos del proceso. Esas observaciones no constituyen una prueba de corrupción ni invalidan por sí mismas el resultado, pero sí refuerzan la necesidad de máxima transparencia en una concesión estratégica para el país. Lo mismo ocurre con los vínculos personales y empresariales que diversos medios han documentado entre actores relacionados con el proceso y figuras relevantes del entorno político. También existen versiones periodísticas sobre posibles vínculos comerciales o participaciones indirectas de actores relacionados con el Grupo Neuss, cuyos integrantes mantienen una conocida relación personal con Santiago Caputo desde la infancia en Martindale.
Nada de eso prueba favoritismo. Nada de eso demuestra una irregularidad. Pero en una república seria no alcanza con actuar correctamente. También es necesario despejar cualquier duda razonable sobre la corrección de los procedimientos.
A días de la preadjudicación al consorcio Jan De Nul-Servimagnus y tras la carta enviada por DEME al ministro Caputo, la pregunta sigue sin respuesta oficial detallada: ¿por qué se descartó una alternativa que promete ahorrar miles de millones a los usuarios?
La discusión de fondo no debería reducirse a una pelea entre empresas, a una disputa entre oficialismo y oposición o a una interna del poder. La verdadera pregunta es mucho más simple: si existe una empresa que sostiene que podía hacerlo más barato, ¿por qué los argentinos todavía no conocen una explicación exhaustiva sobre por qué esa alternativa fue descartada?
Tal vez exista una respuesta sólida. Tal vez la evaluación técnica justifique plenamente la decisión. Tal vez el Gobierno tenga razones contundentes para defender el resultado. Si es así, debería ser el primer interesado en exhibirlas. Porque la Hidrovía necesita dragado, inversión y previsibilidad. Pero por encima de todo necesita confianza. Y la confianza no se construye pidiendo fe. Se construye mostrando los datos. La transparencia no debilita una licitación. La legitima. Y cuando están en juego miles de millones de dólares, la legitimidad vale tanto como la obra misma.
Ricardo Raúl Benedetti
Apoyá a los que trabajamos por el derecho a la verdad. Hacé clic acá y suscribite a ricardobenedetti.com