Buenos Aires, 14 de junio de 2026

Durante meses hablaron de ejemplaridad, transparencia, mérito y del fin de la casta. Hablaron de poner la moral en el centro de la política y de construir algo realmente distinto a todo lo que había gobernado la Argentina en las últimas décadas.

La Ley de Inocencia Fiscal (27.799) se vendió exactamente con esa épica. El Gobierno la presentó como una reparación histórica para millones de argentinos que durante años ahorraron fuera del sistema por miedo al Estado: el contribuyente perseguido, los dólares del colchón, la burocracia asfixiante, la presunción permanente de culpabilidad y la necesidad de devolverle libertad a quienes solo querían conservar el fruto de su trabajo.

Todo sonaba razonable.
Todo muy noble.
Todo muy libertario.

Hasta que empezaron a aparecer los nombres.

Y entonces la discusión dejó de ser tributaria para convertirse en un problema político y moral.

El caso que detonó la polémica

El nombre que convirtió un tema técnico en escándalo político fue el de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Adorni no es un funcionario más. Es la voz oficial del Gobierno. El hombre que durante meses salió todos los días a explicar, justificar y defender cada decisión de Javier Milei. Por eso su adhesión al régimen tiene un peso político infinitamente mayor al de cualquier otro contribuyente.

La situación se volvió todavía más delicada por el contexto. Antes de que trascendiera su incorporación, Adorni había defendido públicamente la corrección de su situación patrimonial. Después llegaron las rectificaciones, las explicaciones sobre activos no declarados oportunamente, los argumentos sobre ahorros previos e inversiones en criptomonedas y, finalmente, la adhesión al régimen simplificado.

Todo puede ser perfectamente legal.
Pero la política no se sostiene únicamente sobre legalidades. Se sostiene sobre credibilidad.
Y cuando quien habla todos los días en nombre de la transparencia termina necesitando una herramienta destinada a regularizar situaciones previamente no exteriorizadas, el problema deja de ser técnico para transformarse en algo mucho más profundo.

Los otros nombres del poder

Adorni no está solo. La lista de adherentes reportados por otros medios incluye a varias figuras centrales del oficialismo:

• Andrés Vázquez, titular de ARCA: el hombre encargado de fiscalizar y controlar el régimen aparece adherido. La imagen es difícil de ignorar, más aún porque enfrenta una investigación penal por presunto ocultamiento de tres departamentos en Miami valuados en más de US$2 millones, adquiridos a través de offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
• Juan Pazo, exdirector de ARCA e ideólogo técnico principal de la reforma: uno de los que ayudó a diseñar la herramienta terminó utilizándola.
• Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación: adherido al régimen. Su esposa, María Josefina Rouillet, recibió contratos millonarios de Cancillería (más de $114 millones, con aumentos de hasta 400%) para cursos de inglés mediante adjudicaciones directas, lo que generó denuncias penales por presunto direccionamiento y conflicto de intereses en pleno discurso de ajuste y meritocracia.
• José Luis Espert, que impulsó el proyecto desde el Congreso: adherido. Espert sigue bajo investigación judicial por presunto lavado de activos vinculado a Fred Machado (financista de su campaña 2019, declarado culpable en EE.UU. por lavado y fraude), con transferencias por US$200.000, bienes inhibidos y causas activas. Su salto patrimonial del 789% en dos años sigue bajo la lupa.
• Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete
• Antonio Raúl Aracre, economista y consultor privado cercano al oficialismo
• Legisladores libertarios como Joaquín “Bertie” Benegas Lynch, Agustín Monteverde (quien votó la ley) y varios asesores clave del círculo cercano.

En el mismo universo aparecen además Federico Furiase, secretario de Finanzas y uno de los economistas más cercanos a Luis Caputo; Felipe Núñez, integrante del equipo económico y director titular del BICE; Aimé “Meme” Vázquez, funcionaria de la Jefatura de Gabinete y directora titular de Correo Argentino; Santiago Oría, realizador audiovisual y principal constructor de la narrativa épica del mileísmo; y Fernando Iglesias, una de las voces políticas más activas del espacio.

Tomados de a uno, cada caso puede tener su explicación.
Tomados en conjunto forman una fotografía política incómoda: los mismos que impulsaron la ley, la defendieron, la reglamentaron y hoy la administran, figuran entre los primeros beneficiarios visibles.

Los periodistas

En medio de la polémica, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade —operador judicial histórico del cristinismo— difundió documentación atribuyendo adhesiones al régimen a Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Luis Gasulla. Más allá de las motivaciones políticas evidentes en contra de estos colegas, conviene distinguir los planos.

Los periodistas no ocupan cargos públicos, no administran recursos estatales, no redactan leyes ni conducen organismos tributarios. Su eventual adhesión pertenece al ámbito privado de cualquier contribuyente y no plantea el mismo conflicto institucional que sí aparece cuando quienes utilizan la herramienta son aquellos que participaron en su creación, promoción o administración.

El problema no es la ley

La ley es legal. Fue aprobada por el Congreso. Cualquier contribuyente que reúna las condiciones puede adherirse.

La cuestión es otra.

El Gobierno presentó la Inocencia Fiscal como una reivindicación para el ciudadano común, pero los primeros nombres que dominaron la conversación pública pertenecen al núcleo mismo del poder.

Y eso genera preguntas que nadie respondió de manera convincente:

¿Por qué los casos más notorios corresponden a funcionarios, asesores, legisladores y autoridades vinculadas al propio sistema?
¿Por qué quienes escribieron las reglas aparecen entre los primeros usuarios visibles de esas reglas?
¿Por qué quienes prometían una nueva ética pública terminan protagonizando el estreno de un régimen concebido para regularizar situaciones patrimoniales?

Javier Milei llegó prometiendo algo más ambicioso que un programa económico: una diferencia moral. Prometió que no venía a administrar la casta, sino a destruirla.

Por eso el problema para el Gobierno no es jurídico.
Es político.
Es simbólico.
Es moral.

Porque las leyes pueden ser impecables, los formularios pueden estar correctamente presentados y los trámites pueden ajustarse perfectamente a derecho. Pero cuando los principales beneficiarios visibles de una herramienta estatal son quienes la diseñaron, la impulsaron, la defendieron o la administran, el relato empieza a resquebrajarse.

Durante meses hablaron de los argentinos que escondían dólares debajo del colchón. Del contribuyente castigado. Del ciudadano común.

Curiosamente, cuando llegó la hora de usar la herramienta, los primeros nombres que aparecieron no fueron precisamente los del ciudadano común.
Fueron los del poder.

Y hay algo que ningún gobierno puede reglamentar, simplificar ni blanquear: la confianza.

Porque la confianza no se pierde cuando una ley se usa.
Se pierde cuando quienes prometieron ser distintos empiezan a parecerse demasiado a aquello que juraron combatir.

Y así nació un nuevo refrán argentino: hecha la ley, hecha la casta.

Ricardo Raúl Benedetti

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