El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las grandes apuestas políticas y económicas del gobierno libertario. Lo paradójico del tema es que resulta ampliamente discutible que se trate de una iniciativa genuinamente libertaria. Conviene, por lo tanto, que nos detengamos a analizarla con alguna profundidad.
Básicamente, el RIGI consiste en ofrecer amplios beneficios a inversiones de gran porte (más de 200 millones de dólares) en sectores a los que el gobierno ha definido como “estratégicos”: minería, energía, tecnología, infraestructura y turismo. La primera observación que cabe hacer es que el hecho de que el gobierno haya determinado, arbitrariamente, que determinados campos del quehacer empresarial son “estratégicos” y que por ese motivo le haya concedido exclusivamente a ellos (pero no a cualquiera sino a quien invierta un mínimo de 200 millones de dólares) ventajas impositivas que le niega a todos los demás es absolutamente contradictorio con los fundamentos de la doctrina libertaria. Milei y sus acólitos pueden explicar y defender el RIGI. Lo que no pueden hacer es seguir diciendo que son libertarios y que sostienen el principio de la economía de mercado. El RIGI es, lisa y llanamente, dirigismo de la más pura estirpe. Aun suponiendo hipotéticamente que fuera una buena idea, no es una expresión de libertad económica, sino de estatismo liso y llano.
Lo segundo que cabe decir sobre el RIGI es que es jurídicamente inequitativo. Algunos determinados grupos, elegidos discrecionalmente por el gobierno, disfrutan de beneficios y privilegios que otros sectores no tienen. La justificación del gobierno para conceder a unos ventajas que les son negadas a otros es que se trata de sectores “estratégicos”. Pero ese argumento es inconsistente. ¿Quién tiene la omnisciencia para determinar que tal inversión es “estratégica” y tal otra no lo es?
Una tercera consideración referida al RIGI tiene que ver con el hecho de que la inversión mínima para acogerse a sus beneficios sea de 200 millones de dólares. Es decir, las ventajas impositivas son para los súper ricos. Esto es particularmente irritativo. Los muy grandes inversores tienen beneficios y privilegios que a los más pequeños no se les conceden. Paga más impuestos un tipo que todas las mañanas se levanta a “transpirar la camiseta” para sostener su empresa, o incluso su actividad como autónomo, que quien dirige la compañía desde un escritorio, quizá a miles de kilómetros de donde se desarrolla la actividad.
Este conjunto de observaciones no pretende -aunque a alguno pueda parecérselo- ser una descalificación absoluta del RIGI. La ideología con la que el RIGI fue puesto en marcha es correcta: la baja de impuestos incentiva las inversiones. El problema no es la concepción de fondo sino la implementación operativa de la iniciativa.
El punto criticable del RIGI es que los incentivos deben ser generales, no selectivos. No es admisible que se bajen los impuestos para ciertos sectores (elegidos arbitrariamente por los funcionarios del gobierno) ni mucho menos para inversiones multimillonarias que excluyan emprendimientos de no tanta magnitud. Hay RIGI para minería y energía pero no para construcción o metalmecánica. Eso es lo que no está bien.
El RIGI es, en este sentido, un ejemplo característico del criterio distorsionado con el que el gobierno libertario -y Javier Milei en particular- enfoca la economía, para colmo, invocando justamente una política de libre mercado que no es tal porque la economía liberal, por definición, establece que las normas deben ser equitativas para que el sistema de competencia opere fluidamente y que sean los consumidores, a través de sus decisiones en el marco del mercado, los que determinen qué sectores son los que más desarrollo llegan a tener.
El motivo por el cual estos desaciertos resultan preocupantes es que, como provocan efectos sociales negativos y además determinan privilegiados y postergados por decisiones del gobierno, terminan por generar sentimientos de frustración y de injusticia que, en definitiva, llevan a que el apoyo al programa de reformas económicas resulte erosionado y propicie la oportunidad de que los adversarios de este modelo (el peronismo y la izquierda) encuentren terreno fértil para sabotear la ejecución del plan. Milei y sus funcionarios, espoleados por esa soberbia que tanto los caracteriza, son sumamente desaprensivos en este sentido porque suponen que están más allá de toda crítica y de toda oposición. Pero en la vida política nadie está exento de perder una elección, de quedarse huérfano de apoyo popular o de resultar desprestigiado cuando incurre en errores demasiado ostensibles. El RIGI es un ejemplo característico del modo desprolijo, improvisado, inconsistente con su propio discurso en el que Milei gobierna. Todavía esto no ha provocado consecuencias graves. Pero, si no hay una corrección del rumbo, esta trayectoria es insostenible en el tiempo y entonces sí, habrá que pagar el precio de errores que hubieran sido fácilmente evitables.
Alejandro Sala
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