Hay una costumbre bastante argentina: discutir las leyes por el nombre y no por las consecuencias. Nos enamoramos de los títulos. «Defensa de…», «Protección de…», «Libertad para…». Después descubrimos que las palabras pueden ser impecables mientras los efectos cuentan una historia completamente distinta.

Eso ocurre con el proyecto que el Senado volverá a tratar el próximo 6 de agosto. Se llama «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Un título que cualquier liberal firmaría sin dudar. El problema aparece cuando uno deja de admirar la portada y empieza a leer la letra chica.

Porque la propiedad privada también exige proteger aquello sobre lo que se ejerce. Una cosa es abrir la puerta para que entren inversiones. Otra muy distinta es desmontar el marco que le permite a un país decidir qué recursos considera estratégicos y bajo qué condiciones está dispuesto a negociarlos.

Ésa es la verdadera discusión.

Y cuesta entender por qué algunos insisten en reducirla a una pelea entre liberales modernos y nacionalistas atrasados. El debate es bastante más serio.

La historia del proyecto ya debería despertar curiosidad. Dieciséis versiones. Dieciséis. Hay leyes que pasan años sin que nadie les cambie una coma. Ésta cambió dieciséis veces antes de nacer. Cada negociación eliminó un límite, suavizó una restricción o reescribió un artículo. Bullrich acelera. Sturzenegger diseña. Los aliados negocian. Villarruel frena. Y el reloj parece correr con una velocidad que rara vez aparece cuando se trata de bajar impuestos, reducir el gasto público o desregular la economía. Curiosamente, la urgencia aparece cuando el tema es la tierra.

El argumento oficial también es conocido. La Argentina necesita inversiones. El artículo 20 de la Constitución garantiza igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros. La Ley de Tierras de 2011 espantaba capitales y representaba otro capítulo del intervencionismo kirchnerista.

Hasta ahí, la discusión es perfectamente legítima.

Lo que deja de ser legítimo es fingir que la única alternativa consiste en pasar de un exceso al otro.

Todos sabemos que la ley sancionada en 2011 nunca fue una obra maestra del liberalismo. Nació en un gobierno que confundía regulación con control y soberanía con relato. Tenía burocracia, discrecionalidad y límites discutibles.

Necesitaba una revisión.

Lo que nunca justificó fue su desaparición.

Aquella norma establecía topes nacionales para la extranjerización de tierras rurales, restricciones por nacionalidad, límites de superficie y resguardos sobre zonas de frontera y recursos hídricos estratégicos. Eran herramientas perfectibles. Pero partían de una premisa que ningún país serio considera extravagante: la tierra no es solamente un activo financiero. También es agua, energía, alimentos, minerales y soberanía.

Y ahí aparece una diferencia que parece haberse perdido en medio del entusiasmo desregulador.

Una inversión entra, produce, genera empleo y puede irse.

La tierra no.

Cambia de dueño, pero nunca de lugar. Confundir la llegada de capital con la transferencia permanente del control territorial es un error que los países desarrollados aprendieron hace décadas a no cometer.

Por eso eliminar prácticamente todos los límites nacionales y trasladar la decisión a cada provincia no vuelve automáticamente a la Argentina un país más liberal. Puede, en cambio, dejarla negociando desde una posición mucho más débil.

Porque el liberalismo nunca fue abdicar. Siempre fue negociar desde instituciones fuertes. La libertad económica no se debilita porque existan reglas. Se erosiona cuando esas reglas dejan de proteger el interés nacional y empiezan a proteger únicamente el interés del más poderoso.

Y es aquí donde el debate incorpora un elemento imposible de ignorar, un dato, que por sí solo, no demuestra absolutamente nada, pero sí obliga a pensar.

En cualquier otro contexto habría sido una cena más. Un empresario tecnológico. Un ministro. Inteligencia artificial. Energía. Café. Fotos.

El problema es que nunca existen las cenas inocentes cuando, al mismo tiempo, el Congreso discute modificar las reglas sobre uno de los activos más estratégicos de un país: su territorio.

En abril, Peter Thiel llegó a Buenos Aires. Compró una mansión valuada en alrededor de doce millones de dólares. Cenó en la casa de Federico Sturzenegger, ministro y principal impulsor de esta reforma. Hablaron sobre inteligencia artificial y energía. Después se reunió con Javier Milei. Recorrió Bariloche. Mientras tanto, el proyecto seguía mutando versión tras versión.

Todo eso ocurrió.

Y también ocurre que Thiel no es un productor agropecuario interesado en sembrar soja.

Es uno de los arquitectos más influyentes del capitalismo tecnológico contemporáneo. Cofundador de Palantir, inversor temprano de Facebook y protagonista de una nueva geopolítica donde los datos, la inteligencia artificial, la energía y el territorio forman parte de una misma conversación.

En distintos países europeos, Palantir desembarcó ofreciendo soluciones tecnológicas para defensa, inteligencia y administración pública. Con el tiempo, varios gobiernos comenzaron a preguntarse cuánto poder estaban delegando en una empresa privada cuya capacidad tecnológica resultaba tan extraordinaria como su influencia política.

No hace falta construir conspiraciones.

Alcanza con observar las coincidencias.

Mientras la Argentina discute eliminar prácticamente todos los límites nacionales para la compra de tierras rurales por extranjeros, también impulsa el Super RIGI, flexibiliza restricciones sobre tierras incendiadas y busca acelerar inversiones vinculadas a infraestructura energética y tecnológica.

Cada medida, tomada por separado, puede encontrar argumentos razonables.

Todas juntas merecen, como mínimo, un debate mucho más profundo que el que hoy está ocurriendo.

Porque los grandes desarrollos vinculados a la inteligencia artificial necesitan exactamente aquello que la Argentina posee en abundancia: energía, agua, estabilidad territorial y enormes extensiones disponibles. La Patagonia aparece naturalmente entre las regiones que reúnen muchas de esas condiciones.

¿Significa eso que Peter Thiel vino a comprar media Argentina? No. Ésa sería una conclusión apresurada.

La pregunta correcta es infinitamente más importante.

¿Por qué un país habría de desprenderse anticipadamente de las herramientas que le permiten negociar desde una posición de fortaleza?

Los países más abiertos del mundo no espantan inversiones: las atraen. Pero también las regulan y las condicionan cuando aparecen recursos estratégicos. Estados Unidos lo hace. Canadá lo hace. Australia lo hace. Europa también. No porque desconfíen del mercado, sino precisamente porque entienden cómo funciona cuando entran en escena intereses geopolíticos de escala global.

El proyecto, en cambio, parece partir de una premisa inquietante: que la única forma de mostrarse amigable con el capital consiste en renunciar a toda capacidad de decir «hasta acá».

Confunde apertura con ausencia de límites, equipara confianza con ingenuidad y termina llamando desregulación a lo que muchas veces es simple resignación. Tal vez esta reforma atraiga inversiones. Ojalá. Ningún país progresa rechazando al capital, pero tampoco prospera renunciando a negociar desde una posición de fortaleza.

Dentro de unos días el Senado decidirá si esta reforma merece convertirse en ley. Cada senador tendrá sus razones. Algunos hablarán de libertad, otros de desarrollo y otros, simplemente, seguirán la disciplina de su bloque.

Lo único seguro es que, cuando la votación termine, ya no estaremos discutiendo solamente una ley de tierras. Estaremos definiendo qué idea de país queremos construir: una donde la propiedad privada conviva con la soberanía, u otra donde la soberanía termine condicionada por quienes tengan el capital suficiente para comprarla.

Porque el verdadero límite entre una Nación abierta y una Nación en venta no lo fija el origen del capital. Lo define la capacidad de poner las condiciones… o de renunciar a ellas.

Ricardo Raúl Benedetti
26 de julio de 2026

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