El proyecto que Milei presentó como una ley para defender Malvinas endurece las sanciones por la explotación de recursos, pero además crea un Consejo de Seguridad Nacional sin Congreso ni Vicepresidente y habilita un régimen mucho más amplio sobre inteligencia, influencia extranjera, libertad de expresión y empleo de la fuerza.

El 3 de septiembre, Javier Milei habló al país de Malvinas. Habló de soberanía, de sanciones, de diplomacia y de una causa que nos pertenece a todos.

El 17 de septiembre mandó al Congreso otra cosa.

Ciento treinta y tres artículos.

Una parte del proyecto castiga a quienes exploten petróleo, gas u otros recursos en las islas o en espacios marítimos argentinos sin autorización argentina. Eso está. Y está bien que esté.

Pero después viene lo demás.

Quién define qué es una amenaza, quién puede intervenir antes de que exista una decisión judicial definitiva, quién puede investigar, sancionar, congelar fondos o decomisar bienes, qué conductas pasan a ser delitos cuando aparece la influencia extranjera, qué significa exactamente “desinformación masiva” y quién tiene la última orden sobre un avión o un barco considerado hostil.

Ahí cambia la película.

Porque una cosa es defender Malvinas. Otra es aprovechar la legitimidad de Malvinas para meter dentro de la misma ley una nueva arquitectura de seguridad, inteligencia, sanciones, influencia extranjera y uso de la fuerza.

No es un detalle técnico. Es una operación política bastante más vieja que este gobierno: poner una bandera adelante para que nadie mire demasiado lo que viene atrás.

Malvinas son argentinas.

Punto.

Eso no se discute.

El problema empieza cuando una causa nacional se convierte en el envoltorio de una concentración de poder que merece ser discutida artículo por artículo.

Lo que anunció no es todo lo que escribió

El Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para defender la soberanía, sancionar a quienes exploten ilegítimamente los recursos naturales y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas. La propia Casa Rosada pidió a la dirigencia política “poner una pausa” a otras discusiones y darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento.

Hasta ahí, el debate es sencillo.

El problema aparece cuando uno sigue leyendo.

El proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente, integrado por el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la secretaria Legal y Técnica. El Congreso no forma parte del Consejo. Tampoco la Vicepresidenta.

Y ese Consejo no es simplemente una mesa para conversar sobre amenazas. El proyecto lo convierte en órgano rector del sistema y articula bajo su órbita cuestiones de defensa, inteligencia, política exterior, economía, infraestructura crítica y ciberseguridad, además de contemplar medidas de emergencia frente a determinados riesgos externos.

No digo que el Estado no deba tener esas herramientas.

Digo algo mucho más elemental: si las va a tener, tenemos derecho a saber quién las controla.

Alfonsín entendió algo que hoy parece olvidado

En 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se sancionó la Ley de Defensa Nacional. La norma estableció las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional y separó ese ámbito de la Seguridad Interior.

No era una mesa de amigos.

Era una arquitectura institucional.

La democracia no parte de la idea de que quien gobierna será siempre bueno, sensato o razonable. Parte de algo bastante más incómodo: mañana puede gobernar alguien en quien no confiamos.

Por eso existen los controles.

La discusión de fondo no debería ser si confiamos hoy en Javier Milei. La pregunta republicana es otra: ¿qué facultades estamos dispuestos a entregarle al Presidente de turno?

Porque Milei pasa.

La ley queda.

Y la próxima persona que ocupe la Casa Rosada también tendrá esas herramientas.

Villarruel no “no entra”. La sacaron

Hay otro detalle que no es menor.

La Vicepresidenta de la Nación no es una funcionaria más. La Constitución establece que preside el Senado y que ocupa el primer lugar en la línea de sucesión presidencial. Sin embargo, el proyecto no la incorpora al Consejo de Seguridad Nacional.

No hace falta especular sobre las razones políticas de esa decisión, ni convertir el conflicto personal entre Milei y Victoria Villarruel en el centro del debate. Alcanza con mirar la arquitectura institucional.

Cuando se diseña el órgano que coordinará la política de seguridad nacional y se deja afuera a quien la Constitución coloca inmediatamente después del Presidente, la decisión merece una explicación institucional.

La Vicepresidenta quedó afuera.

Y las instituciones no deberían depender de si el Presidente se lleva bien o mal con quien ocupa ese cargo.

Ese es justamente el punto.

La institución tiene que funcionar bien incluso cuando desconfiamos de quien la ocupa.

El botón existe. La flota, todavía no

El proyecto también establece procedimientos para actuar frente a aeronaves y buques considerados hostiles, incluyendo mecanismos de identificación, advertencia y, en determinadas circunstancias, empleo de la fuerza. La iniciativa amplía los supuestos de actuación de las Fuerzas Armadas frente a riesgos y amenazas externas y contempla un régimen específico para el control de los espacios aéreo, marítimo, fluvial y lacustre.

Eso no equivale por sí mismo a una declaración de guerra. La Constitución mantiene en el Congreso atribuciones centrales en materia de guerra y represalias.

Pero abre una zona especialmente delicada: qué ocurre entre la paz y una guerra formal, cuando aparece una amenaza que exige una decisión rápida y el Parlamento eventualmente no puede reunirse a tiempo.

Ahí es donde una norma puede definir una cadena de decisiones extremadamente poderosa.

Y hay algo más básico todavía: una norma no fabrica capacidad militar.

Argentina está incorporando F-16, ampliando capacidades de vigilancia y realizando inversiones en defensa. Pero una cosa es construir capacidad y otra escribir primero la doctrina y después completar las capacidades que deberían sostenerla.

Un protocolo no reemplaza un radar.

Una ley no reemplaza un submarino.

Una autorización presidencial no reemplaza inteligencia.

Y un mapa pintado de celeste no detecta un buque.

La soberanía necesita discurso.

Pero sobre todo necesita capacidad.

La palabra elástica

Hay otra parte del proyecto que merece una discusión todavía más incómoda.

La iniciativa incorpora penas de entre cinco y doce años para determinadas conductas vinculadas con operaciones dirigidas o financiadas desde el extranjero, incluyendo acciones destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. El texto también incorpora nuevas figuras relacionadas con espionaje, operaciones clandestinas e interferencia extranjera.

El Gobierno sostiene que estas herramientas apuntan a operaciones de influencia extranjera.

Perfecto.

Entonces hay que precisar qué significa exactamente.

¿Qué es una campaña coordinada? ¿Qué se considera desinformación masiva? ¿Quién determina que existió manipulación? ¿Cuál es el estándar de prueba? ¿Dónde termina una operación extranjera y dónde empieza el trabajo periodístico, político o ciudadano?

El problema no es afirmar que mañana van a allanar una redacción.

El problema es mucho más elemental: cuando una conducta está redactada de manera suficientemente amplia y la pena es suficientemente alta, puede aparecer un efecto de desaliento mucho antes de que llegue el primer allanamiento.

Organizaciones periodísticas y especialistas ya expresaron preocupación por el alcance de estas figuras.

Y el proyecto no se limita a eso. También incorpora figuras vinculadas con la interferencia extranjera en procesos de decisión y restricciones sobre determinadas actividades políticas y electorales.

De nuevo: puede haber razones legítimas para proteger al Estado argentino de operaciones extranjeras.

Pero cuando se combinan seguridad nacional, inteligencia, sanciones, delitos y facultades presidenciales, la discusión deja de ser exclusivamente sobre Malvinas.

Pasa a ser una discusión sobre los límites del Estado frente al ciudadano.

Una bandera no convierte todo en consenso

El Gobierno tiene un argumento político evidente: Malvinas es una causa transversal, nacional y emocionalmente poderosa.

Y es cierto.

Precisamente por eso merece cuidado.

Una bandera puede hacer algo maravilloso: unir.

Pero también puede hacer algo peligrosísimo: evitar que discutamos.

No todo lo que viene acompañado por una causa justa merece ser aprobado sin discusión.

Se puede defender la soberanía sobre Malvinas y discutir una ley.

Se puede sancionar a una empresa que explota recursos sin autorización argentina y cuestionar una figura penal.

Se puede defender la causa Malvinas y, al mismo tiempo, exigir controles sobre el poder presidencial.

Eso no debilita la soberanía.

Eso es República.

Y acá hay algo que conviene recordar: Malvinas no son patrimonio político de Javier Milei.

El propio Eduardo Falcone, diputado del MID, presentó en agosto un proyecto para declarar a las Islas Malvinas símbolo nacional, y Oscar Zago, también del MID, figura entre sus firmantes.

La causa, entonces, es bastante más grande que el Gobierno de turno.

Precisamente por eso nadie debería poder convertirla en una patente de corso legislativa.

Por qué ahora

Acá está la parte que algunos van a querer saltear.

No pienso hacerlo.

Javier Milei tiene 2027 por delante.

Y la economía sigue siendo el principal terreno sobre el cual se evalúa la vida cotidiana de los argentinos. El ajuste fiscal, el costo social, los ingresos, los jubilados, la educación, la discapacidad y el presupuesto forman parte de una conversación bastante menos cómoda para el Gobierno que una causa nacional capaz de despertar emociones compartidas.

Malvinas permite otra cosa.

Permite cambiar el eje.

Permite poner al Presidente en el centro de una conversación sobre soberanía, territorio, Nación y defensa, en lugar de dejarlo permanentemente obligado a responder sobre inflación, salarios, ajuste y calidad de vida.

No hace falta atribuirle al Gobierno una conspiración.

No hace falta decir que alguien “inventó” Malvinas.

Sería absurdo.

Malvinas existe desde mucho antes que Milei. La propia Constitución establece que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Lo que existe ahora es otra cosa: el momento político de Milei.

Y Malvinas puede ser, para el Gobierno, una forma extraordinariamente eficaz de recuperar centralidad y construir una conversación más favorable de cara a 2027. Incluso análisis periodísticos recientes han señalado el componente político-electoral de este giro, mientras el Gobierno presenta la iniciativa como parte de una estrategia de soberanía y seguridad nacional.

Eso es política.

No es un pecado.

Todos los gobiernos eligen sus batallas.

El problema aparece cuando una causa legítima funciona como paraguas para una arquitectura de poder mucho más amplia.

Malvinas no debería funcionar como salvoconducto legislativo.

La causa es legítima.

El uso político también puede existir.

Una cosa no invalida la otra.

Y justamente por eso hay que discutirlas por separado.

Alcanza con mirar el calendario.

El verdadero problema no es Milei

Hay una razón todavía más profunda para discutir esta ley sin convertir todo en una pelea entre mileístas y antimileístas.

Porque si mañana Milei deja de ser Presidente, la ley no desaparece con él.

Quedan las facultades.

Queda el Consejo.

Queda la arquitectura de inteligencia.

Quedan los delitos.

Quedan las sanciones.

Queda la definición de amenaza.

Queda la posibilidad de que determinadas decisiones terminen dependiendo de una cadena de mando presidencial.

Y todo eso lo heredará quien venga después.

Por eso el debate no debería ser Milei contra Villarruel, oficialismo contra oposición o kirchnerismo contra mileísmo.

La pregunta de fondo es mucho más incómoda: ¿qué poder estamos dispuestos a entregarle al Estado argentino y bajo qué controles?

Hoy el Presidente es Javier Milei.

Mañana será otro.

Y pasado mañana puede ser alguien que hoy nadie imagina.

Ese es el error de todos los personalismos: creer que la institución tiene que funcionar bien porque confiamos en quien la ocupa.

Es al revés.

La institución tiene que funcionar bien incluso cuando desconfiamos de quien la ocupa.

Ahí empieza la República.

Malvinas también merecen una República fuerte

Malvinas merecen ser tratadas con seriedad.

No como un slogan electoral, no como una consigna de ocasión y tampoco como una pieza de marketing político.

La soberanía se construye con diplomacia, inteligencia, Fuerzas Armadas capaces, tecnología, presencia efectiva en el Atlántico Sur, una estrategia internacional sostenida y, sobre todo, instituciones fuertes.

Y una República fuerte se construye exactamente al revés de cualquier concentración de poder: con controles, con una Vicepresidencia que tenga el lugar institucional que le corresponde, con un Congreso que no sea una escribanía, con tipos penales precisos, con controles judiciales y con el empleo de la fuerza como una excepción regulada, no como una facultad difusa.

Malvinas son argentinas.

Precisamente por eso no necesitan que nadie las use como salvoconducto para discutir menos.

Necesitan que discutamos más.

Porque la soberanía no consiste solamente en decidir quién manda sobre un territorio.

También consiste en decidir cómo se ejerce el poder sobre quienes viven dentro de él.

Por eso hay que separar la bandera del poder.

La causa del instrumento.

La emoción de la ley.

Y al Presidente de la República.

Porque los presidentes pasan.

Las leyes quedan.

A la soberanía no se la usa.

Se la cuida.

También de los propios.

Ricardo Raúl Benedetti

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