¿El dictamen se cajoneó, ya bajo la órbita de Pablo Quirno, para no despertar la ira de Milei?

Hay expedientes que investigan hechos. Y hay expedientes que parecen investigar un hecho cuando, en realidad, la decisión ya está tomada.

El 16 de septiembre de 2026, la Cancillería firmó el cierre del sumario abierto por el voto argentino en la ONU sobre el embargo a Cuba. La disposición DI-2026-616-APN-SSCYAE#MRE, rubricada por la subsecretaria María Cristina Dellepiane, dice lo que el poder tardó casi dos años en dejar asentado: no se pudo acreditar irregularidad alguna que permitiera imputar responsabilidad.

En criollo, para que se entienda sin eufemismos: el cuerpo diplomático actuó bien.

Y si el cuerpo diplomático actuó bien, Diana Mondino no tenía una falta administrativa que explicar ni una conducta irregular que responder. El cadalso político, sin embargo, ya estaba armado. El cargo lo había perdido el mismo día del voto.

El 30 de octubre de 2024, Argentina votó a favor de poner fin al embargo de Estados Unidos a Cuba. Lo hicieron 187 países. En contra, dos: Washington e Israel. No era una ocurrencia de pasillo. Era la posición que la Argentina sostenía desde los años noventa, amparada en la Ley 24.871 contra medidas coercitivas unilaterales y vinculada, además, a un cálculo diplomático elemental: Cuba apoya a la Argentina en el Comité de Descolonización cuando se discute Malvinas.

Aquella tarde, Javier Milei destituyó a Mondino. Habló de error imperdonable. Habló de traidores a la patria. Anunció sumarios.

El mensaje no era jurídico.

Era político.

Y fue inmediato.

Quince días después, el 15 de noviembre de 2024, la Resolución N° 652/24 abrió el Sumario Administrativo en el expediente EX-2024-120923062-APN-DS#MRE. El encargo era investigar cómo se había llegado a un voto “en contradicción” con la línea del Presidente, deslindar culpas y proponer sanciones. Lo impulsó el ex Canciller Gerardo Werthein, recién llegado al Palacio San Martín.

Un sumario no es una columna de opinión. Es un procedimiento administrativo para investigar posibles faltas. Aplicarlo a una votación histórica de política exterior convertía una diferencia sobre la conducción diplomática en una investigación sobre la conducta de funcionarios que habían participado de una decisión de Estado.

La disposición de cierre no publica nombres. La prensa sí reconstruyó el mapa.

Quedaron bajo la lupa el exvicecanciller Leopoldo Sahores, el secretario de Asuntos Latinoamericanos Mariano Vergara, la subsecretaria de Política Exterior Marcia Levalli y Eduardo Bustamante, vicecanciller desde el 17 de octubre, apenas trece días antes de la votación. Se habló de una decena de funcionarios.

En Nueva York, quien ejecutó el voto fue Ricardo Lagorio.

Para un diplomático de carrera, un expediente así no es un trámite. Es una mancha. Puede frenar ascensos. Obliga a defenderse por haber hecho aquello que el Estado argentino venía haciendo desde hacía treinta años.

Mondino no gritó al irse.

Dijo algo bastante más incómodo y que, a la luz de lo que ahora consta en el expediente, adquiere otra dimensión: que Casa Rosada sabía. Que hubo luz verde. Que se cumplieron los procedimientos.

Los papeles internos que circularon entonces no la desmienten.

Hubo consultas. Hubo memos. Hubo funcionarios del entorno de Santiago Caputo, Nahuel Sotelo entre ellos, que habrían transmitido conformidad para votar a favor, en nombre del libre comercio y de no romper el intercambio de apoyos con La Habana por las islas.

El Presidente no había sido informado en persona. Se enteró por terceros.

Y esa diferencia (el Estado sabía; Milei no) alcanzó para transformar una política de décadas en un pecado político.

A ella le pusieron el traje de culpable.

El expediente, casi dos años después, se lo saca.

La instrucción trabajó. La Dirección de Sumarios produjo el informe IF-2025-102359510-APN-DS#MRE. Su conclusión: no había nada que imputar.

El 3 de octubre de 2025, la Honorable Junta Calificadora, mediante la providencia PV-2025-110129165-APN-HJC#MRE, avaló ese criterio.

Ahí el caso ya estaba cerrado en el terreno técnico.

Faltaba la firma.

Faltó casi un año.

Y ese año no es burocracia.

Es el dato que no cierra.

María Cristina Dellepiane maneja la caja del ministerio. En el Palacio San Martín le dicen “Yiya”. Pablo Quirno asumió como canciller el 28 de octubre de 2025, después de Gerardo Werthein, y heredó una Cancillería entrenada para no despertar a Balcarce 50.

Publicar que no había culpables era admitir, con membrete oficial, algo políticamente mucho más incómodo: que no se había acreditado que Mondino hubiera traicionado, desobedecido o cometido una irregularidad administrativa por aquel voto.

Era admitir que la echaron por una decisión que el propio aparato administrativo del Estado no terminó encontrando reprochable.

Era más seguro guardar el papel.

Hasta que el papel apareció.

El artículo 2° de la disposición manda copia a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. No para sancionar. Para informar un archivo.

Archivar es la palabra justa.

También la más tardía.

En 2025, el mismo gobierno cambió el voto y se alineó con Estados Unidos. Nadie abrió un sumario por esa virada.

La coherencia no parecía ser la vara.

La vara era otra.

La vara era el humor presidencial del día.

Mondino fue el fusible más visible. Los diplomáticos, el daño colateral.

El dictamen no convierte aquella votación en una verdad diplomática eterna ni obliga a compartir la posición argentina sobre Cuba. Hace algo mucho más concreto: después de investigar, no pudo acreditarse una irregularidad que permitiera imputar responsabilidad administrativa a quienes fueron puestos bajo la lupa.

Y eso cambia la historia.

No hace falta ser kirchnerista ni libertario para entenderlo.

La política exterior la fija el Presidente. Es cierto.

También es cierto que cuando un Presidente se informa por terceros y convierte cada desacuerdo en una traición, el problema deja de ser Cuba.

Pasa a ser la forma de ejercer el poder.

Este expediente no discute a Cuba.

Discute otra cosa: si se puede destruir el capital político de una ministra y dejar bajo sospecha a una generación de funcionarios cuando, al final del recorrido, el propio Estado no encuentra la falta que salió a buscar.

El Estado investigó.

No encontró culpables.

Tardó casi un año en decirlo después de que técnicamente el caso ya estaba cerrado.

Y ahí aparece la pregunta que queda flotando sobre el expediente:

¿El dictamen se cajoneó para no despertar la ira de Milei?

No hay una resolución que responda esa pregunta.

Pero sí hay una secuencia difícil de ignorar.

Primero, la ira presidencial.

Luego, el sumario.

Más tarde, la conclusión técnica.

Y finalmente, casi un año después de esa conclusión, la firma que la hace pública.

Por eso la reivindicación de Mondino no es un gesto afectivo.

Es una conclusión política basada en un dato administrativo.

Mondino no fue encontrada responsable de la irregularidad que el Gobierno había mandado investigar. Fue la cara que el poder necesitó para absorber el costo político de un voto que había generado la furia presidencial.

Ella dijo que Casa Rosada sabía.

El tiempo y el expediente no demostraron que esa versión fuera falsa.

El cuerpo diplomático no necesitaba perdón: el sumario no encontró una falta que imputarle.

Ella tampoco necesitaba clemencia.

Necesitaba que alguien escribiera, en un papel oficial, que no había cometido el pecado que le habían imputado.

Y ese papel finalmente apareció.

A Mondino le jugó en contra el entorno de Milei, y la salvó algo mucho más gráfico para el poder:

la verdad administrativa.

Todo el aparato del gobierno salió a buscar una falta.

Después de casi dos años, Mondino, sus diplomáticos y el mismísimo gobierno libertario pudo demostrar que aquel voto sobre Cuba, estuvo bien.

Ricardo Raúl Benedetti

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