La Casa Rosada descarta volver a convocar a comisión hasta asegurar los votos para suspender las PASO. En el oficialismo admiten que todavía resta negociar con legisladores aliados y que los eventuales entendimientos con los gobernadores no estarán cerrados antes de fin de año.
El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.
La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.
El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.
La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.
En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
La modificación de la Boleta Única responde a otra expectativa electoral del oficialismo. La Casa Rosada busca permitir que los votantes elijan con una sola marca todas las categorías de una misma agrupación, una opción que no existe en el diseño utilizado en las elecciones nacionales de 2025. Cerca del armado libertario consideran que esa herramienta puede favorecer a las listas legislativas que acompañen la candidatura presidencial de Milei, aunque su efecto dependerá del comportamiento de los electores.
El debate incluye además un mecanismo de adhesión entre fuerzas nacionales y provinciales que permitiría construir acuerdos electorales diferentes según el distrito. La estrategia que analiza el Ejecutivo contempla que La Libertad Avanza pueda competir contra determinados gobernadores por sus administraciones provinciales y, al mismo tiempo, alcanzar entendimientos para respaldar una candidatura presidencial común. La implementación de ese esquema todavía depende de las modificaciones que finalmente apruebe el Congreso.
El problema es que los acuerdos electorales y los respaldos parlamentarios avanzan a velocidades diferentes. Santilli mantiene conversaciones con gobernadores que se mostraron dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias, pero en el Senado advierten que todavía faltan compromisos individuales. Parte de los legisladores radicales, del PRO y de espacios provinciales conservan posiciones propias y no responden de manera automática a las negociaciones de sus mandatarios.
La última votación frustrada en Diputados volvió a mostrar esa diferencia. El Gobierno consiguió impedir que la oposición reuniera quórum para tratar la derogación del DNU 70/2023, gracias, entre otros factores, a las ausencias de legisladores vinculados con gobernadores dialoguistas. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que ese resultado no garantiza los mismos respaldos para una reforma electoral que exige una mayoría especial y afecta directamente las condiciones de competencia de 2027.
En paralelo, la Casa Rosada relativiza el costo político de que las PASO finalmente se mantengan. En un sector del Ejecutivo sostienen que el escenario actual es diferente del que atravesó Mauricio Macri en 2019 y que el oficialismo está preparado para competir con las reglas vigentes. “No es tan grave que haya PASO. Somos competitivos igual”, expresan.
La discusión también está vinculada con el impacto político y económico que el Gobierno busca evitar durante el año electoral. En Balcarce 50 consideran que una primaria presidencial con un resultado desfavorable podría generar incertidumbre sobre la continuidad del programa económico. Por eso, la suspensión sigue siendo una prioridad para el Ejecutivo, aunque algunos funcionarios advierten que acelerar las negociaciones puede adelantar innecesariamente la confrontación electoral.
Los plazos legislativos agregan otra dificultad. La Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento de la reforma el 15 de septiembre, después de cuatro meses, pero la discusión volvió a quedar sin dictamen. El Gobierno todavía debe asegurar los votos en el Senado y completar después el trámite en Diputados. A esa agenda se suman el Presupuesto 2027 y otros proyectos que el oficialismo pretende sancionar antes de terminar el año.
En Nación consideran cada vez más probable prorrogar las sesiones ordinarias durante diciembre para disponer de mayor margen de negociación. La posibilidad está vinculada principalmente con el retraso del Presupuesto, cuya votación en Diputados se proyecta para mediados o la tercera semana de noviembre. En ese escenario, el Ejecutivo también buscará mantener abierta la ventana parlamentaria para avanzar con la reforma política si consigue cerrar antes los acuerdos necesarios.
Fuente: Ignacio Salerno para tn.com.ar
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