Una licitación multimillonaria, un predio estatal codiciado y una red de relaciones que conecta funcionarios, asesores políticos y empresarios del negocio del entretenimiento.

La concesión por 25 años de uno de los activos públicos más grandes del Estado nacional, se transformó en las últimas semanas en el centro de una controversia política que llega hasta el corazón del Gobierno.

El disparador de la historia fue una investigación publicada por El Disenso, que expuso una serie de vínculos empresariales y políticos en torno al proceso licitatorio.

A partir de ese informe inicial, el análisis de documentos oficiales, registros societarios y testimonios de fuentes del sector permite reconstruir un entramado de relaciones que involucra a empresas interesadas en el negocio, colaboradores cercanos al poder político y el entorno institucional del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

La pregunta que sobrevuela el proceso es simple: si la licitación es solo un procedimiento administrativo más o si se convirtió, sin quererlo, en la primera gran prueba política para un gobierno que llegó prometiendo terminar con las viejas prácticas de la relación entre Estado y negocios.

La licitación de Tecnópolis

El concurso fue convocado por la (AABE), mediante la Resolución 98/2025 publicada en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2025.

El proceso (identificado como Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional N°392-0006-CPU25) prevé concesionar la explotación comercial del predio por 300 meses (25 años) a partir del 1 de julio de 2026.

El canon base mensual fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación asciende a $611 millones, equivalentes a 367.046 UVAs.

Proyectado en términos nominales, el contrato representa un negocio potencial superior a $183.000 millones a lo largo de toda la concesión, sin considerar actualizaciones ni inversiones adicionales.

Tecnópolis ocupa más de 50 hectáreas en Villa Martelli y cuenta con pabellones, auditorios, estacionamientos y áreas abiertas diseñadas para eventos masivos, ferias, recitales y exposiciones.

El adjudicatario deberá asumir además el mantenimiento del complejo, inversiones futuras y la contratación de seguros contra incendio valuados en aproximadamente $60.000 millones.

En términos económicos, se trata de una de las concesiones de infraestructura cultural y de entretenimiento más importantes del Estado nacional.

Un proceso con amplio margen de discrecionalidad

El pliego establece tres grandes criterios de evaluación para los oferentes:

• 40 % antecedentes del postulante
• 20 % experiencia en actividades afines
• 40 % propuesta técnica y económica

Empresas del sector de espectáculos y entretenimiento que participaron del proceso (y que pidieron preservar su identidad para evitar conflictos comerciales con el Gobierno) señalaron que el esquema de evaluación deja un margen considerable de valoración discrecional por parte del Estado.

Las mismas fuentes también cuestionaron los tiempos del procedimiento.

Entre la publicación del pliego y la apertura de ofertas transcurrieron poco más de treinta días, un plazo que distintos actores del mercado consideran breve para estructurar un proyecto de explotación comercial de esta magnitud.

Entre los nombres que circularon en el sector como posibles interesados aparecen empresas vinculadas al negocio de eventos y entretenimiento, entre ellas compañías relacionadas con DirecTV Argentina y productoras de espectáculos masivos.

La aparición de Foggia

El informe original de El Disenso detectó que detrás de algunas de las estructuras empresariales que orbitan el negocio aparece Foggia Group, una firma creada en 2019 por la abogada Mara Gorini junto al empresario Marcelo Dionisio.

El dato adquiere relevancia política porque Gorini trabaja desde 2024 dentro de la Secretaría General de la Presidencia como colaboradora directa de Karina Milei.

Al ingresar al Gobierno dejó formalmente el directorio de la empresa, aunque continuó vinculada a la sociedad como apoderada en distintos trámites administrativos.

El ingreso del Grupo Werthein

Otro movimiento societario relevante se produjo en noviembre de 2025.

Ese mes el directorio de Foggia incorporó a empresarios vinculados al Grupo Werthein, uno de los holdings más importantes del país en telecomunicaciones y medios.

Entre ellos figura Ricardo Silbermins, ejecutivo con participación en distintas compañías del grupo.

El Grupo Werthein es propietario de DirecTV Argentina, una de las empresas mencionadas en el sector como potencial interesada en la explotación comercial de Tecnópolis.

Uno de los miembros de esa familia empresaria, Gerardo Werthein, fue designado embajador argentino en Estados Unidos por el gobierno de Javier Milei en 2024, cargo que ocupó hasta noviembre de ese mismo año, cuando fue reemplazado por Alejandro Oxenford.

El vínculo con la Jefatura de Gabinete

El punto más sensible del caso aparece al observar la relación entre Foggia y el entorno familiar del jefe de Gabinete.

La esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, creó en 2024 una consultora de coaching organizacional llamada +Be Consultora.

De acuerdo con registros comerciales y reportes periodísticos, la empresa ha prestado servicios profesionales para Foggia.

Esto establece un vínculo profesional entre la firma vinculada al entorno de Karina Milei y la familia del funcionario que encabeza el área del Estado de la cual depende la licitación.

El mapa completo

El entramado que rodea el proceso puede resumirse en una secuencia de relaciones que atraviesa política y negocios:

• Karina Milei concentra buena parte del poder político en la Casa Rosada.

• Su colaboradora, Mara Gorini, fue fundadora de Foggia.

• Foggia incorporó directores vinculados al Grupo Werthein.

• El grupo controla DirecTV Argentina.

• La empresa aparece mencionada entre los interesados en la explotación comercial de Tecnópolis.

• La licitación es administrada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

• La AABE depende de la Jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.

• Y la esposa de Adorni mantiene vínculos profesionales con Foggia.

La pregunta política

El gobierno de Javier Milei llegó al poder con una promesa central: terminar con lo que durante años denunció como la “casta”, un sistema donde política, negocios y Estado funcionaban como un circuito cerrado de privilegios.

La concesión de Tecnópolis aparece ahora como una prueba real de ese discurso.

Porque más allá de la legalidad formal del proceso (que hasta ahora pocos cuestionaron) el caso expone algo más profundo: el delicado territorio donde las relaciones personales, los intereses empresariales y las decisiones públicas empiezan a superponerse.

La adjudicación todavía no tiene ganador.

Pero cuando el Estado anuncie quién administrará durante los próximos 25 años uno de los predios públicos más grandes del país, el Gobierno tendrá que responder una pregunta inevitable.

Si la concesión termina en manos de empresas conectadas directa o indirectamente con esta red de vínculos, la promesa de terminar con la vieja lógica de la política argentina quedará frente a su primera gran contradicción.

Porque en la Argentina los pliegos explican los procedimientos.

Pero las relaciones casi siempre explican el resultado.

Ricardo Raúl Benedetti

 

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