El verdadero desafío ya no es derrotar al populismo, sino construir instituciones capaces de transformar una victoria electoral en un proyecto de país.

La Argentina está entrando en una etapa política completamente nueva. El rechazo mayoritario al modelo populista estatista abrió una ventana histórica. Sin embargo, el mayor desafío ya no consiste en ganar elecciones. Consiste en evitar que el cambio dependa exclusivamente de quien hoy ocupa el poder.

Las sociedades no se transforman de manera definitiva cuando cambian de gobierno. Se transforman cuando construyen instituciones capaces de sobrevivir a los gobiernos. Esa diferencia, que parece apenas semántica, puede definir el futuro argentino durante las próximas décadas.

El gobierno de Javier Milei ha logrado comenzar a ordenar variables macroeconómicas que durante años parecían fuera de control. Sería un error minimizar ese avance. Pero sería un error todavía mayor creer que el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria o la desregulación económica, por sí solos, alcanzan para transformar un país.

Las reformas económicas corrigen incentivos. Las instituciones cambian comportamientos. Y los países que progresan son aquellos donde las segundas sobreviven a las primeras.

En ese contexto empieza a configurarse un nuevo mapa político. El PRO conserva un capital construido durante años de gestión y presencia territorial, aunque atraviesa un profundo debate sobre el grado de integración con el oficialismo. La Unión Cívica Radical, bajo la conducción de Leonel Chiarella al frente del Comité Nacional, inició un proceso de reorganización apoyado en cinco gobernaciones y una extensa red de intendentes, reivindicando su tradición institucional y proyectando una propuesta propia hacia 2027, sin renunciar a la posibilidad de acuerdos programáticos amplios con un límite claro: no confluir con el kirchnerismo.

Son movimientos distintos, pero revelan una misma pregunta de fondo: ¿cómo convertir un cambio de gobierno en un verdadero proyecto de país?

Hace algunos días, conversando con Ricardo López Murphy, apareció una definición que resume buena parte del problema argentino. La polarización —me dijo— es estéril. Puede producir victorias electorales. Difícilmente produce acuerdos duraderos. No genera ideas nuevas; genera trincheras. Y las trincheras sirven para resistir al adversario, no para construir el futuro.

La observación merece ser tomada en serio.

Durante dos décadas, la política argentina quedó atrapada en una lógica binaria que redujo cada elección a una batalla definitiva entre dos proyectos irreconciliables. Esa dinámica resultó eficaz para movilizar electorados y consolidar liderazgos. Pero también dejó una consecuencia evidente: cuanto más intensa fue la confrontación, más difícil resultó construir políticas de Estado capaces de sobrevivir a un cambio de gobierno.

La Argentina necesita algo que todavía no ha logrado consolidar: una mayoría reformista que no dependa de un solo liderazgo, de un solo partido ni de una sola elección. Necesita un programa compartido.

Es allí donde cobra sentido la construcción de un espacio republicano-liberal que no nazca para disputar protagonismos personales ni para fragmentar al electorado del cambio, sino para aportar aquello que hoy resulta indispensable: densidad institucional, calidad programática y capacidad de articulación política.

Ese espacio podría integrar naturalmente a sectores del PRO que valoran la experiencia de gestión; a sectores de la UCR comprometidos con la tradición institucional del radicalismo y la administración provincial; a otras expresiones republicanas con trayectoria legislativa y vocación de control del poder; y también a independientes que, habiendo participado en distintas experiencias político partidarias, siguen convencidos de que la calidad institucional no constituye un lujo, sino una condición indispensable para el desarrollo.

La discusión, en definitiva, no debería girar alrededor de los nombres. Debería girar alrededor del método.

Los países que progresan no lo hacen simplemente porque eligen buenos gobernantes. Progresan porque logran construir acuerdos suficientemente sólidos para que las políticas públicas sobrevivan a los calendarios electorales.

La Argentina ya conoció ese camino.

Alberdi no pensó la Constitución para un presidente. Pensó una arquitectura institucional destinada a organizar la República durante generaciones.

Sarmiento tampoco concebía la educación como una política de coyuntura. La entendía como la herramienta capaz de transformar definitivamente la estructura económica, cultural y social del país.

Ambos comprendieron una verdad que la política contemporánea suele olvidar: los países no se transforman cuando aparece un líder extraordinario, lo hacen cuando las buenas ideas sobreviven a los líderes.

Ese debería ser el horizonte del próximo ciclo político argentino.

Un programa de progreso que combine:

• La continuidad de las reformas económicas con una profunda mejora institucional.
• Que preserve el orden macroeconómico, pero que también mire la microeconomía, donde viven, trabajan, producen e invierten millones de argentinos.
• Que convierta la estabilidad en crecimiento, el crecimiento en inversión y la inversión en empleo genuino.

Dentro de ese programa existe una prioridad ineludible: la lucha contra la corrupción.

No se trata solamente de una obligación moral. Es una necesidad económica.

La corrupción funciona como un impuesto oculto que pagan todos los argentinos. Cada licitación direccionada, cada sobreprecio, cada contrato manipulado y cada peso desviado deterioran la confianza, desalientan la inversión y reducen la capacidad del Estado para financiar infraestructura, educación, salud y seguridad. Allí donde prospera la corrupción retroceden, al mismo tiempo, la productividad, el crédito y las oportunidades.

La modernización del Poder Judicial forma parte de esa misma agenda.

La lentitud crónica de los procesos, especialmente en las causas de corrupción, ha erosionado gravemente la credibilidad del sistema. La utilización permanente de recursos dilatorios y la demora indefinida en resolver expedientes alimentan una sensación de impunidad incompatible con cualquier democracia madura.

Ese problema excede incluso el plano institucional. También afecta directamente el desarrollo económico.

Los inversores internacionales analizan el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y las perspectivas de crecimiento. Pero observan con igual atención la calidad del sistema judicial. Necesitan saber que los contratos serán respetados, que las reglas permanecerán estables y que los conflictos encontrarán resolución en tiempos razonables.

Instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) intentan compensar parcialmente esa debilidad ofreciendo garantías especiales. Sin embargo, ninguna herramienta específica puede reemplazar la fortaleza de un Poder Judicial eficiente e independiente. La verdadera seguridad jurídica no puede constituir una excepción reservada para algunos inversores. Debe transformarse en una característica permanente del funcionamiento del Estado.

La Argentina atraviesa una oportunidad histórica.

Después de décadas de frustraciones, el populismo ya no monopoliza la discusión pública. Pero abandonar un modelo agotado constituye apenas el primer paso. El verdadero desafío consiste en construir aquello que vendrá después.

Porque las reformas económicas pueden iniciar el cambio. Las instituciones son las que lo vuelven irreversible.

Los gobiernos llegan, y al tiempo se van. Los liderazgos nacen, pero también terminan. Las mayorías se construyen, y también se deshacen.

Lo único que permanece es aquello que una sociedad decide convertir en política de Estado.

La verdadera discusión argentina ya no consiste en quién gana la próxima elección. Consiste en decidir qué país seguirá en pie cuando esa elección haya pasado.

Porque las naciones que prosperan no son las que encuentran un líder providencial. Son las que construyen instituciones capaces de sobrevivir a cualquier líder.

Que el cambio deje de ser una excepción. Y se convierta, de una vez por todas, en el nuevo punto de partida de la Argentina.

Ricardo Raúl Benedetti

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